La diputada nacional Lanesan Sancho presentó un pedido de informes por la crisis de las pymes y el empleo

La iniciativa parlamentaria fue presentada junto a los diputados Victoria Tolosa Paz, Juan Pablo Luque, Paulo Agustín Tita, Roxana Monzón, Ernesto "Pipi" Ali, Marina Salzmann, Guillermo Snopek y Emir Félix.

El proyecto solicita al Poder Ejecutivo Nacional que informe sobre las políticas implementadas para enfrentar el crecimiento de la informalidad laboral y el cierre masivo de micro, pequeñas y medianas empresas.

Entre los fundamentos, los legisladores citaron datos del Centro de Estudios Metropolitanos (CEM), que indican que la informalidad laboral alcanza al 43,3% de los trabajadores ocupados en los aglomerados urbanos. Además, señalaron que casi la mitad de los asalariados informales trabaja en empresas registradas que incumplen sus obligaciones laborales, situación que definieron como "informalidad de evasión".

"No se puede promover la registración quitando derechos"

El proyecto también advierte que entre noviembre de 2023 y marzo de 2026 cerraron 26.448 empresas empleadoras, de las cuales el 98% eran pymes.

Asimismo, sostiene que las proyecciones para lo que resta del año anticipan la desaparición de hasta 40.000 unidades productivas adicionales y la pérdida de 600.000 puestos de trabajo.

En ese contexto, Lanesan Sancho afirmó: "No se puede promover la registración quitando derechos a los trabajadores. Necesitamos una fiscalización inteligente que persiga a los evasores, no una motosierra que ahoga a los que menos tienen".

Santa Cruz, con la mayor caída del empleo privado

La legisladora remarcó que la situación resulta especialmente preocupante en Santa Cruz, donde aseguró que se registra la peor caída del empleo privado del país, con un descenso del 16% y la pérdida de aproximadamente 10.000 puestos de trabajo en los últimos dos años.

Según indicó, ese escenario responde a distintos factores, entre ellos la paralización de la obra pública -incluidas las represas sobre el río Santa Cruz-, la salida de YPF de áreas convencionales y la retracción del consumo.

"En Río Gallegos se cierra un comercio por día. No podemos conmemorar el Día de la Pyme con discursos mientras el Estado embarga cuentas y asfixia a quien menos puede pagar", expresó la diputada.

Qué información solicita el Congreso

Entre los puntos incluidos en el pedido de informes figuran detalles sobre las medidas de fiscalización conjunta entre ARCA, ANSES y la Secretaría de Trabajo; el impacto de la Ley de Modernización Laboral N.º 27.802; la implementación del Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL); la cantidad de embargos y ejecuciones fiscales contra las MiPyMEs; el incremento de las multas aplicadas por ARCA y la eventual reactivación de líneas de microcrédito para el sector.

La iniciativa deberá ser tratada en el Congreso Nacional, donde los legisladores esperan obtener precisiones del Poder Ejecutivo sobre las políticas destinadas a enfrentar la crisis que atraviesan las pequeñas y medianas empresas y el mercado laboral argentino. (Fuente: El Diario Nuevo Día)