La Iglesia Católica dijo que la modificación de la Ley de Glaciares afectará reservas estratégicas de agua y pide al Congreso que no la apruebe

La Comisión Episcopal de Pastoral Social se dirigió públicamente a diputadas, diputados, senadoras y senadores ante la posibilidad de que se modifique la Ley Nº 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglacial.

En la carta, los obispos señalaron que observan y escuchan "con profunda preocupación el clamor de numerosas comunidades, científicos, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos conscientes" frente a una eventual modificación de la norma.

El documento remarca que la ley es "fruto del consenso político, social y científico" y que representa "un hito fundamental en la protección de reservas estratégicas de agua dulce, ecosistemas únicos y un patrimonio natural de valor incalculable para las generaciones presentes y futuras".

"El acceso al agua es un derecho humano básico"

La Pastoral Social subrayó que los glaciares "no son simples recursos económicos", sino que constituyen fuentes esenciales de agua y vida. En ese sentido, citó textualmente: "El acceso al agua potable y segura es un derecho humano básico, fundamental y universal, porque determina la sobrevivencia de las personas, y por lo tanto es condición para el ejercicio de los demás derechos humanos".

Además, reafirmaron que el agua que proviene de estos reservorios naturales es "un derecho universal e inalienable" y que "el derecho al agua, al igual que todos los derechos humanos, está fundado en la dignidad y no en estimaciones de carácter puramente cuantitativo".

En otro tramo, el texto advierte que "no hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una sola y compleja crisis socio-ambiental", por lo que las soluciones deben contemplar tanto la erradicación de la pobreza como el cuidado de la naturaleza.

Exhortación a decisiones "valientes y proféticas"

La Comisión Episcopal pidió a los legisladores que mantengan y fortalezcan los presupuestos mínimos de protección establecidos por la ley vigente y que prioricen la defensa de la vida, el agua y la integridad de los ecosistemas.

También instaron a escuchar a las comunidades locales y a los científicos, promoviendo un modelo de desarrollo que armonice producción y ecología integral. "Ha llegado el momento de volver a prestar atención a la realidad con los límites que ella impone", señalaron en la carta.

En el cierre, el mensaje apeló a la responsabilidad histórica de quienes deben tomar decisiones: "Ojalá quienes intervengan sean estrategas capaces de anteponer el bien común a los intereses particulares, desde una solidaridad intergeneracional que considere el futuro de nuestros hijos y del planeta, mostrando así la nobleza de la política y no su vergüenza".