La Junta Federal de Cortes rechazó el pedido de intervención al Tribunal Superior de Santa Cruz
La Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires emitió una declaración en la que manifestó su "firme oposición" al pedido de intervención federal al Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz, impulsado por el diputado nacional José Luis Garrido.
En un documento fechado el 9 de octubre en la provincia de Buenos Aires, la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia (Ju.Fe.Jus) expresó públicamente su rechazo al pedido de intervención federal al Poder Judicial de Santa Cruz, formulado días atrás por el diputado nacional de Por Santa Cruz, José Luis Garrido.
El texto, firmado por los presidentes y ministros de los Superiores Tribunales de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, remarca que este tipo de acciones representan "una gravísima afectación a las autonomías provinciales y un agravio a la Constitución Nacional".
Autonomía y principios constitucionales
En el comunicado, los representantes de las cortes provinciales recordaron que ya en varias oportunidades la Junta Federal se manifestó en el mismo sentido, reafirmando los principios de inamovilidad, imparcialidad, independencia y garantía del juez natural, pilares esenciales del sistema judicial argentino.
"La intervención parcial de un Poder Judicial provincial -señalaron- constituye la reiteración de una forma de proceder con nefastos antecedentes históricos", sostuvieron, en alusión a situaciones previas en las que se vulneraron los poderes locales.
El organismo instó a que cualquier conflicto institucional en las provincias se resuelva "mediante los mecanismos constitucionales locales y la acción del propio Estado provincial, si correspondiere, bajo una organización federal y republicana".
"La intervención al Poder Judicial, además de atentar contra el Estado de Derecho, afecta el sistema representativo, republicano y federal que todos los argentinos debemos defender celosamente", asegura el texto.
"La propia Constitución Provincial contemplan los mecanismos para asegurar una correcta administración de justicia ante posibles deficiencias del Poder Judicial, motivo por el cual, subsistiendo los otros poderes del Estado, constituye un agravio a autonomía provincial el remedio federal de la intervención", asevera.
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