La Justicia realizó allanamientos por una cooperativa: asesores de diputados y empleados vinculados, beneficiados por Alicia Kirchner

  Según informó el Gobierno en un comunicado oficial, ayer miércoles por la tarde, cerca de las 17:50 horas, se realizaron allanamientos simultáneos en tres domicilios de las ciudades de Caleta Olivia y Pico Truncado, en el marco de una causa judicial que investiga presuntas irregularidades en la cooperativa "Kaiser", la cual brindaba servicios en instituciones educativas de la provincia durante el gobierno de Alicia Kirchner.  

Las órdenes fueron emitidas por el Juzgado de Instrucción N°1 de Pico Truncado, a cargo del Dr. Leonardo Pablo Cimini, y se llevaron a cabo como parte de una investigación que apunta a esclarecer posibles delitos vinculados a la administración pública y malversación de fondos.

En el domicilio de Pasaje Carbón Argentino 261, los efectivos secuestraron abundante documentación relacionada con la cooperativa, incluyendo presupuestos, contratos, actas y expedientes de licitación, además de dos teléfonos celulares, una notebook y una computadora.

En las viviendas ubicadas en calle Güemes 1445 y Gobernador Gregores 1541, también se incautó material documental considerado relevante para la causa. Asimismo, se notificó y estableció domicilio al presidente y al secretario de la cooperativa "Kaiser", ambos actualmente bajo investigación.

La denuncia del Ejecutivo Provincial

La investigación se originó a partir de una denuncia del actual gobierno provincial, tras auditorías internas que detectaron graves incompatibilidades en la estructura y funcionamiento de la cooperativa. El informe señala que algunos integrantes de "Kaiser" ocupaban simultáneamente cargos de fiscalización interna y funciones en la administración pública, y otros habían sido asesores de legisladores provinciales o participaban de hecho en sociedades comerciales, lo que generaba claros conflictos de interés.

También se advirtieron anomalías en la contratación de personal, con diferencias entre los trabajadores declarados y los que efectivamente cumplían tareas, y la existencia de horas abonadas que nunca fueron trabajadas. Entre los puntos más graves, se denunció la presunta falsificación de documentación, incluyendo firmas adulteradas de directivos escolares.

Otra irregularidad señalada por la auditoría fue la falta de transparencia en los pagos, donde muchos trabajadores manifestaron no conocer los montos recibidos ni los descuentos aplicados, debido a la ausencia de detalles en los recibos y liquidaciones incompletas.

La causa continúa en etapa investigativa, y no se descartan nuevas diligencias judiciales en los próximos días.