LAVADO DE ACTIVOS

La Justicia sostiene: confirmadas las penas a Báez y Fernández en la causa "Ruta del Dinero K"

La Cámara Federal ratificó las condenas impuestas contra Martín Báez y César Fernández por el delito de lavado de activos, en el marco de la investigación conocida como "Ruta del Dinero K". La decisión revalida el fallo original y ratifica las penas, embargos y responsabilidades que ambos enfrentan.

Redacción Nuevo Día
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En una nueva resolución, la Cámara Federal de Apelaciones respaldó las decisiones condenatorias contra Martín Báez, hijo del empresario Lázaro Báez, y César Fernández, por su participación en la maniobra de lavado de activos que integraba la causa "Ruta del Dinero K" impulsada por los tribunales federales.
El tribunal consideró válidos los fundamentos del fallo anterior, ratificando tanto las penas como el marcado carácter criminal de las operaciones financieras analizadas.

Implicancias de la ratificación

Con la confirmación judicial, Báez y Fernández deberán cumplir las sanciones ya dictadas en primera instancia. Además, se mantienen los embargos sobre bienes y cuentas vinculadas, según lo estipulado en las sentencias previas.
La sentencia reafirma la responsabilidad penal de ambos por integrarse en la estructura financiera del caso, respaldando la acusación de que los recursos involucrados eran producto de maniobras ilícitas de desvío y lavado.

Significado para el proceso "Ruta del Dinero K"

La decisión de la Cámara Federal refuerza la estrategia del Ministerio Público Fiscal y confirma el peso de las pruebas presentadas durante el juicio, tanto documentales como periciales.
Para el entorno del caso, marca un nuevo hito: ratificar condenas de alta visibilidad política, especialmente porque vincula estructuras de poder y finanzas del pasado kirchnerista.
La resolución también envía una señal clara sobre la fortaleza institucional del sistema judicial en causas complejas y mediáticas.

El reto ahora será la ejecución práctica de estos fallos: asegurar que las penas se efectivicen, que los embargos se concreten y que los condenados respondan civilmente con sus bienes.

(Fuente: El Diario Nuevo Día)

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