La oposición presentó un proyecto para declarar la emergencia sanitaria en Santa Cruz

El bloque de diputados de Unión por la Patria - Partido Justicialista presentó un proyecto de ley que busca declarar la emergencia sanitaria en toda la provincia de Santa Cruz hasta el 31 de diciembre de 2025. La iniciativa surge, según los fundamentos, como respuesta al "agravamiento de las condiciones sanitarias, presupuestarias y logísticas" que afectan al sistema de salud pública provincial.

El texto, que aún no fue tratado por la Legislatura, plantea una serie de medidas urgentes para garantizar el acceso a servicios médicos, asegurar la provisión de insumos y medicamentos, y fortalecer las redes de derivación y traslado de pacientes que dependen del sistema público, especialmente aquellos que utilizan el Carnet Hospitalario Provincial.

Entre los puntos destacados, el proyecto autoriza al Ministerio de Salud y Ambiente a realizar contrataciones excepcionales y compras urgentes de insumos médicos, equipamiento y medicación para patologías crónicas, oncológicas y de salud mental. También contempla la posibilidad de reestructurar partidas del presupuesto 2025 para priorizar la inversión sanitaria, sin necesidad de recurrir a endeudamiento.

Además, la propuesta prevé la creación de una Comisión de Seguimiento y Fiscalización integrada por legisladores de todos los bloques, con acceso permanente a la información sobre contrataciones, distribución de recursos y ejecución presupuestaria a través de una carpeta digital actualizada diariamente.

"Resulta necesario establecer un marco normativo ágil, excepcional y transparente, que permita al Estado provincial responder con mayor eficacia a las necesidades sanitarias de la población", señala el proyecto firmado por los diputados Elba Ponce, Eloy Echazú, Karina Nieto, Carlos Godoy y Carlos Santi.

Desde el bloque advirtieron sobre el "desabastecimiento de insumos médicos esenciales, la demora en tratamientos prolongados y la falta de recursos humanos especializados", lo que -según argumentan- pone en riesgo el derecho a la salud de las personas que dependen del sistema público, particularmente en zonas alejadas de los principales centros urbanos.