CAMARA DE DIPUTADOS

La reforma del Código Procesal Penal de Santa Cruz próxima a ser ley

La iniciativa parlamentaria que tiene por objeto establecer un servicio de justicia penal ágil y eficiente, tuvo despacho favorable en comisiones, por lo que será tratado próximamente en el recinto de la Legislatura Provincial.

Redacción Nuevo Día
Redacción Nuevo Día
eldiarionuevodia@hotmail.com

El proyecto de Ley N°265/24 que tomó estado parlamentario el día 6 de este mes, de autoría del legislador Fernando Martínez Alfaro del bloque "Por Santa Cruz", busca modificar el Código Procesal Penal de la provincia de Santa Cruz en la sección de Solución de conflictos, Criterios de Oportunidad: Conciliación y Reparación Integral del Perjuicio. En ese marco se incorporan cuatro nuevos artículos y se modifican dos de ellos para robustecer el alcance y funcionamiento del sistema judicial santacruceño.

En ese sentido, se propone la incorporación de la conciliación y la reparación integral del perjuicio del Código Procesal Penal y "a la necesidad de regular estas salidas alternativas, las qué por haber sido incluidas en el Código Penal, ya resultan operativas más allá de la ausencia de reglamentación en la normativa de forma. 

La reforma del Código Procesal Penal de Santa Cruz próxima a ser ley

Al no estar reguladas, su aplicación no se encuentra limitada a determinados delitos, lo cual demuestra la imperiosa necesidad de limitar su utilización a ciertos casos en los que una salida alternativa implique la mejor forma de finalizar un proceso", señala el autor en los fundamentos de la iniciativa que además cuenta con el acompañamiento de los legisladores Javier Jara, Fernando Pérez y Cristian Ojeda.

Cabe destacar que las modificaciones que se pretenden incorporar, tras la sanción en el año 2015 del nuevo Código Procesal Penal Federal y la reforma del Código Penal, incorporarán distintas causales de extinción de la acción penal, tales como la aplicación de criterios de oportunidad, la conciliación, la reparación integral del perjuicio y el cumplimiento de las condiciones establecidas para la suspensión del juicio a prueba. 

Estas nuevas causales representan una salida institucional de mejor calidad para las partes y una alternativa al proceso penal tradicional, evitando la necesidad de realizar un juicio con el consiguiente desgaste jurisdiccional y el uso innecesario de tiempos y recursos.

La implementación de nuevos mecanismos de extinción de la acción penal, ya reconocidos a nivel federal y reglamentados en diversas provincias, permitirá mejorar la eficacia del sistema penal y optimizar los recursos humanos de la administración de justicia en esta área. 

Esto resultará en un aumento de la capacidad de respuesta y en la reducción de los tiempos de resolución de los casos. 

La necesidad urgente de reforma de la justicia penal santacruceña permitirá acelerar los procesos penales, optimizar los recursos existentes, y adecuar herramientas y procedimientos, asegurando los derechos del imputado y garantizando una mayor protección de los derechos de la víctima.

Esta nota habla de:
Últimas noticias de Santa Cruz
COPARTICIPACION

El Gobierno retuvo el 94% del fondo ATN: impacto directo en Santa Cruz

El Gobierno retuvo el 94% del fondo ATN: impacto directo en Santa Cruz
El Gobierno de Javier Milei sostiene su ajuste fiscal reduciendo recursos a las provincias. Un informe señala que se transfirió solo el 5,5% del fondo ATN durante 2024, dejando un remanente de $850 mil millones sin distribuir. Gobernadores advierten sobre un impacto severo en sus economías y denuncian apropiación indebida.
PARA LEER

Obra pública en Santa Cruz: condenados por corrupción finalmente deberán devolver casi $685 mil millones

Obra pública en Santa Cruz: condenados por corrupción finalmente deberán devolver casi $685 mil millones
En el marco de la causa Vialidad, que investigó el direccionamiento de la obra pública nacional en la provincia de Santa Cruz, peritos de la Corte Suprema actualizaron el monto del perjuicio al Estado. La cifra asciende a casi $685 mil millones, que deberán devolver solidariamente los condenados, entre ellos la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el empresario Lázaro Báez.