La respuesta del municipio de Río Gallegos al Gobierno provincial por aportes adeudados a la CPS

  El conflicto por la deuda previsional que mantiene la Municipalidad de Río Gallegos con la Caja de Previsión Social de Santa Cruz generó una nueva tensión entre el Ejecutivo municipal y el Gobierno provincial. Sin embargo, para el secretario de Legal y Técnica del municipio, Gonzalo Chute, el problema  tiene raíces estructurales que vienen desde hace más de tres décadas.  

En diálogo con El Diario Nuevo Día, Chute sostuvo que la medida cautelar presentada por el municipio y aceptada por el juez Marcelo Hugo Bersanelli, responde al derecho legítimo de defensa. "Aún no venció el plazo para que el Gobierno conteste la demanda. Entiendo que no lo han hecho  el viernes. Como municipio hicimos uso del derecho de defensa", expresó.

El funcionario aclaró que el planteo no busca evadir responsabilidades, sino abrir un debate serio sobre la coparticipación. "No es nuestra decisión no pagar. Lo que estamos diciendo es que hay que rediscutir los porcentajes porque el problema es estructural. Desde 1991, ningún municipio paga los aportes a la Caja. Ni Freddy Martínez, ni Villafañe, Aburto, ni los más recientes Giubetich o Leguizamón en Río Gallegos lo hicieron. Esto no es nuevo", remarcó.

Chute explicó que en 1995, con la reforma de la Constitución Provincial, se amplió la autonomía municipal, se transfirieron más competencias, pero no se actualizaron los recursos. "La masa coparticipable sigue siendo la de 1983. Nunca se redefinió cuánto se queda la provincia y cuánto corresponde a los municipios. Es algo que se planteó incluso durante la gestión de Alicia Kirchner, y hubo reuniones para discutirlo con el exministro de Gobierno", recordó.

Desde la Caja de Previsión, su presidenta Belén Elmiger informó que solo en junio el municipio debía transferir $1.800 millones en aportes ya descontados a los trabajadores. Sin embargo, Chute sostuvo que exigir el cumplimiento de la deuda sin revisar el sistema de financiamiento vigente es "injusto y parcial".

El fallo judicial considera que, de no dictarse la cautelar, "el perjuicio que se produciría podría impactar de manera significativa en las finanzas municipales y no sería susceptible de ser reparado de manera inmediata". Asimismo, se resolvió "la prohibición de innovar", lo que implica suspender cualquier descuento sobre los fondos que le corresponden al municipio por coparticipación.

Desde la Caja apelaron esta decisión, pero no obtuvieron respuesta favorable en primera instancia. Ahora esperan que el Tribunal Superior de Justicia se expida y fije un criterio definitivo. "No podemos aplicar la ley mientras esto esté judicializado. Y si otra comuna hace lo mismo, el caso caerá en la misma secretaría. Por eso es clave que haya un pronunciamiento de fondo", expresó Elmiger.

La funcionaria también cuestionó la falta de respuesta de otros municipios y llamó a un diálogo abierto. "Muchos no responden, porque dicen: ‘yo no voy a ser el único que pague'. Pero los intendentes tienen que cumplir la ley, no escudarse en lo que hacen los demás. Hay que ordenar esto, es dinero de los trabajadores", advirtió.