La secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia cuestionó la baja de la edad de imputabilidad y advirtió sobre el impacto de la crisis en la niñez

Según explicó, los datos muestran que la participación de menores en hechos delictivos es baja en relación al total. "Los delitos cometidos por menores representan apenas el 2% de la criminalidad, y dentro de ese porcentaje el 87% corresponde a jóvenes de entre 16 y 18 años, que ya estaban alcanzados por el régimen penal anterior", indicó.

En ese sentido, Chalub advirtió que la nueva normativa podría derivar en la criminalización de conductas propias de la adolescencia, ya que situaciones como peleas entre jóvenes podrían terminar en procesos penales. Además, sostuvo que las organizaciones criminales podrían simplemente reclutar a menores de 14 años para evadir la ley, sin que se resuelva el problema del narcotráfico o de la violencia estructural.

La escuela como principal espacio de protección

La funcionaria remarcó que el sistema educativo cumple un rol central en la detección temprana de situaciones de vulneración de derechos. De acuerdo con los datos que maneja la secretaría municipal, el 70% de los casos de violencia, abuso o negligencia se detectan en las escuelas.

Por eso, Chalub manifestó preocupación por el impacto de los conflictos educativos en la provincia. "La escuela muchas veces es el único lugar seguro para muchos niños y niñas, donde pueden encontrar adultos que escuchen y detecten lo que les pasa", afirmó.

También destacó la importancia de herramientas como la Educación Sexual Integral (ESI) para identificar situaciones de abuso. En ese contexto, recordó que el 83% de los casos de abuso sexual infantil ocurre dentro del ámbito familiar, lo que vuelve fundamental la intervención de instituciones educativas y equipos técnicos.

Desfinanciamiento y presión sobre el municipio

Otro de los ejes de la entrevista fue la situación presupuestaria del área. Chalub señaló que el municipio destina alrededor de 150 millones de pesos mensuales para sostener hogares, equipos profesionales y programas de prevención.

En contraste, explicó que el aporte provincial a través del programa PAINA representa 88 millones de pesos al año, un monto que consideró insuficiente frente a la demanda y al impacto de la inflación. A esto se suma, según detalló, el retiro o recorte de programas nacionales que anteriormente acompañaban el fortalecimiento de políticas de niñez.

Tensiones institucionales

Chalub también señaló dificultades en la articulación con el Gobierno provincial. Entre ellas, mencionó que los equipos municipales no pueden ingresar a las escuelas para realizar talleres de promoción de derechos y prevención, lo que limita el trabajo territorial.

Además, indicó que el Ministerio provincial aún no firmó el comodato del Centro de Promoción de Derechos ubicado en calle Congreso 390, un espacio por el que pasan cerca de mil niños y adolescentes al año.

Programas municipales de prevención

Frente a este escenario, desde la Secretaría de Niñez del municipio se impulsan distintas iniciativas orientadas a fortalecer el tejido social y prevenir situaciones de vulnerabilidad.

Entre ellas se destacan la apertura de un nuevo edificio institucional en Crucero General Belgrano 2026, talleres de crianza para familias, el programa Familias Solidarias para evitar la institucionalización de niños pequeños y diversas propuestas de formación en oficios y apoyo escolar.

También se trabaja con clubes de barrio en programas de deporte y promoción de buenos tratos, con el objetivo de generar espacios de contención para niños y adolescentes.

Para Chalub, el camino para abordar la problemática de la delincuencia juvenil no pasa por endurecer las penas, sino por invertir en prevención, educación y acompañamiento familiar. "Si no se fortalecen las políticas de protección y el trabajo conjunto entre Nación, provincia y municipio, se termina interviniendo cuando el problema ya estalló", concluyó.