"La tierra, el agua y los recursos estratégicos no están en venta": el PO Santa Cruz rechaza el proyecto para que extranjeros puedan comprar tierra sin límite

El Partido Obrero de Santa Cruz manifestó su rechazo al proyecto de reforma de la Ley de Tierras impulsado por el Gobierno nacional y aseguró que la iniciativa favorecerá la concentración de la propiedad rural y ampliará la posibilidad de que capitales extranjeros controlen grandes extensiones del territorio argentino.

En un comunicado difundido este fin de semana bajo el título "Santa Cruz no está en venta", la fuerza política sostuvo que la modificación elimina restricciones para la compra de tierras y profundiza un modelo que, a su entender, beneficia a grandes grupos económicos en detrimento del acceso a la tierra por parte de trabajadores, pequeños productores y comunidades.

"La tierra santacruceña no es un simple bien inmobiliario. Está ligada al control de recursos estratégicos, al acceso al agua, a la producción, a la infraestructura y a la soberanía nacional", expresó el Partido Obrero.

La concentración de la tierra en Santa Cruz

Como parte de su argumentación, el comunicado sostiene que la estructura de la propiedad rural en la provincia ya presenta un alto nivel de concentración. Según los datos citados por el Partido Obrero, alrededor de 471 grandes propietarios concentran cerca de 13 millones de hectáreas, equivalentes al 99% de la superficie de las explotaciones agropecuarias relevadas en Santa Cruz.

En ese contexto, la organización enumeró algunos de los principales propietarios de grandes extensiones de tierras en la provincia.

Entre ellos mencionó al Grupo Benetton, a través de la Compañía de Tierras Sud Argentino (CTSA), propietaria de establecimientos como las estancias Coronel y El Cóndor, que en conjunto sumarían unas 550.000 hectáreas.

También incluyó a las familias Braun-Menéndez y a grupos empresarios vinculados a la cadena de supermercados La Anónima, que, según el comunicado, poseen alrededor de 750.000 hectáreas distribuidas entre Santa Cruz, Chubut y Tierra del Fuego.

El Partido Obrero también hace referencia a propiedades de la familia Braun, entre ellas la Estancia Rospentek, con unas 90.000 hectáreas, y Tapi Aike, con alrededor de 60.000 hectáreas.

Otro de los grupos mencionados es Cielos Patagónicos S.A., vinculada a la familia Smart, que -según el documento- posee aproximadamente 60.000 hectáreas en la provincia, incluyendo establecimientos ubicados en las zonas del Lago San Martín, Lago del Desierto y el entorno del Parque Nacional Perito Moreno.

La lista se completa con la familia Morrison, asociada a la Estancia Cancha Carrera, en cercanías de Río Turbio, con una superficie cercana a las 60.000 hectáreas.

Extranjerización y soberanía

El comunicado también cita un relevamiento del Observatorio de Tierras del CONICET, según el cual el 8,11% de la superficie de Santa Cruz -alrededor de 1,9 millones de hectáreas- pertenece a propietarios extranjeros.

El Partido Obrero advierte que la situación adquiere mayor relevancia en el departamento Magallanes, donde, siempre según esos datos, el 25,77% del territorio -más de 509.000 hectáreas- se encuentra en manos de corporaciones mineras extranjeras y empresas extractivas.

Para la organización, la reforma impulsada por el Gobierno nacional agravaría este escenario al facilitar el ingreso de nuevos capitales sobre tierras consideradas estratégicas por su riqueza petrolera, minera, pesquera, energética y por su ubicación geopolítica, cercana a las Islas Malvinas, la Antártida y las rutas del Atlántico Sur.

"Permitir que grandes fondos, corporaciones y capitales extranjeros amplíen su control territorial significa profundizar la subordinación económica y comprometer decisiones fundamentales sobre el futuro de la provincia", sostiene el documento.

"La tierra no está en venta"

Finalmente, el Partido Obrero cuestionó que mientras se impulsa una flexibilización en el régimen de propiedad rural, miles de familias santacruceñas continúan enfrentando dificultades para acceder a un lote o a una vivienda.

En ese marco, afirmó que la reforma forma parte de una política más amplia de entrega de recursos naturales y ratificó su posición de que "la tierra, el agua y los recursos estratégicos deben estar al servicio de las necesidades sociales y del desarrollo de las mayorías".

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El comunicado concluye con las consignas: "La tierra, el agua y los recursos estratégicos no están en venta" y "La tierra no se vende, no se quema, no se desaloja".