Ley de Glaciares: diputados libertarios piden limitar las audiencias y dicen que es imposible que participen los miles de anotados

Una nota firmada por los presidentes de las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados señala criterios para la participación en la audiencia pública convocada para debatir cambios en la Ley de Glaciares.

La nota, fechada el 12 de marzo y difundida públicamente por dirigentes de la oposición fue firmada por los diputados nacionales José Peluc y Nicolás Mayoraz (ambos de La Libertad Avanza) uienes presiden las comisiones involucradas en el tratamiento del proyecto.

En el texto se indica que la audiencia pública se realizará los días 25 y 26 de marzo y que, ante la gran cantidad de inscriptos, será necesario aplicar criterios organizativos para su desarrollo.

La justificación por la cantidad de inscriptos

El documento señala que el número de personas registradas hace inviable que todas puedan exponer durante la audiencia.

"Cabe señalar que la magnitud de inscripciones registradas torna materialmente imposible la exposición presencial y virtual de la totalidad de los interesados dentro de un plazo razonable", indica el texto firmado por los legisladores.

Según se detalla, quienes se encuentren inscriptos podrán enviar sus presentaciones por escrito o a través de un video de hasta cinco minutos que será incorporado al expediente legislativo.

Además, se convocará a participar de manera presencial el miércoles 25 de marzo y de forma virtual el jueves 26 de marzo a quienes se encuentren dentro de los primeros inscriptos de cada jurisdicción del país.

El documento también sostiene que el mecanismo propuesto "constituye una práctica habitual en procesos de audiencias públicas y permite asegurar la consideración de todas las opiniones recibidas".

De esta manera el oficialismo busca acelerar el tratamiento, a pesar de la audiencia pública, del tratamiento de las modificaciones a la Ley de Glacaires. 

Cabe recordar que desde el Gobierno de Javier Milei se indicó que buscan favorecer las actividades económicas (como míneria) en las zona periglaciares, las cuales - si se aprueba el proyecto- serán definidas pos las provincias. 

Reclamo de organizaciones ambientales

La decisión generó cuestionamientos de organizaciones ambientales que venían advirtiendo sobre posibles limitaciones en la participación ciudadana.

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Según señalaron entidades como Abogados Ambientalistas, Greenpeace Argentina y el Círculo de Políticas Ambientales, decenas de miles de personas de todo el país se inscribieron para participar en la audiencia pública.

"Todas las personas registradas tienen derecho a hablar y ser escuchadas. Las comisiones pueden ordenar el desarrollo de la audiencia, pero no decidir quién puede participar y quién no", indicaron las organizaciones en un pronunciamiento difundido en redes sociales.

También recordaron que el artículo 114 bis del reglamento de la Cámara de Diputados establece que las audiencias públicas deben regirse por los principios de oralidad, participación y simplicidad para garantizar la intervención de la ciudadanía en temas de interés público.

Desde las entidades remarcaron que la participación ciudadana es un derecho respaldado por la Constitución Nacional, la Ley General del Ambiente y el Acuerdo de Escazú, y advirtieron: "Sin participación real, no hay justicia ambiental".

(El Diario Nuevo Día)