Los aportes jubilatorios que no realizan los municipios de Santa Cruz, un informe, coparticipación, la ley y un problema a "nivel histórico"

La reciente resolución del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Santa Cruz ha generado un cambio significativo en la dinámica financiera entre la provincia y los municipios. Al revocar la medida cautelar que mantenía en suspenso la aplicación del artículo 22 de la Ley 1782, el máximo tribunal habilitó al Poder Ejecutivo para proceder con la retención directa de los aportes de la coparticipación municipal.

Para Pablo Pérez, presidente de la Caja de Previsión Social (CPS), la decisión es un paso hacia la normalización institucional. "Lo que resolvió el TSJ fue revocar esta medida cautelar que impedía aplicar una ley vigente, que es la ley de jubilaciones", explicó el funcionario en diálogo con Radio Nuevo Día.

Pérez destacó que la herramienta vuelve a estar plenamente vigente: "Este mecanismo, que ahora está plenamente vigente, es lo que permite que la Caja de Previsión, a través del Ministerio de Economía, pueda retener la coparticipación de las municipalidades que no transfieren debidamente los aportes".

La mora histórica y el incumplimiento municipal

Durante la entrevista, el titular de la Caja fue tajante sobre la situación financiera de los municipios, señalando que la falta de transferencia de fondos es un problema estructural de larga data. "Esta situación no es actual, es histórica. Lo que viene a ser la deuda histórica de los municipios es millonaria, no solamente en la actualidad, sino a nivel histórico", afirmó.

Al detallar el comportamiento actual de las comunas, Pérez explicó: "Ninguno de los municipios aporta lo que tendría que aportar. Los municipios en general suelen cumplir con este aporte patronal, pero con lo que refiere al aporte personal y patronal mensual de cada trabajador, eso no ingresa. Lo que ingresa es irrisorio, muy poca plata". El funcionario hizo una salvedad sobre las comisiones de fomento, las cuales, según indicó, "se están regularizando desde el año pasado, desde el mes de julio, agosto".

La tensión política ante el fallo

La medida fue duramente cuestionada por el intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, quien en declaraciones públicas calificó la situación como una acción realizada "a escondidas" aprovechando el contexto del Mundial y denunció un "manoteo" de recursos.

Ante esta postura, el presidente de la CPS evitó la confrontación directa y enfatizó el carácter técnico de su gestión. "De ninguna manera esto es una discusión en contra de los municipios, esto es una cuestión institucional y de responsabilidad con los recursos previsionales de todos los trabajadores y de todos los jubilados", sostuvo. Pérez reafirmó su postura subrayando que "nadie está por encima de la ley y la ley está para cumplirse", al tiempo que recordó que los fondos retenidos en realidad pertenecen a los trabajadores y no a las arcas municipales.

El tabú de la reforma 

El titular de la CPS admitió que la discusión sobre una reforma previsional es un tema complejo y, a menudo, tabú en Santa Cruz. Sin embargo, llamó a todos los sectores a sentarse a discutir el futuro del sistema. "Entiendo que todos los que formamos parte de la familia previsional tenemos que sentarnos y pensar qué tipo de Caja de Previsión queremos, no solamente en la actualidad, sino en adelante", reflexionó.

En cuanto a posibles cambios, Pérez desmitificó el enfoque exclusivo en la edad jubilatoria y propuso una alternativa a modo de ejemplo: "Podríamos hablar de una reforma previsional para aquellos que han ingresado a partir del primero de enero de 2015, tengan nuevas condiciones jubilatorias". El funcionario fue claro al precisar que, como trabajador de carrera, entiende las preocupaciones sociales: "No me puedes cambiar las reglas jubilatorias cuando estoy a seis meses o a un año de jubilarme. Eso yo lo entiendo".

La hoja de ruta hacia el 2050

Para dar sustento técnico al debate, la CPS encargó una evaluación actuarial financiada por el Consejo Federal de Inversiones (CFI), con fecha de corte al 30 de diciembre de 2024. Pérez adelantó que este informe, que proyecta escenarios hasta el año 2050, será clave para la toma de decisiones.

"Todavía está en la etapa de borrador, por eso no lo hemos hecho público", aclaró, aunque confirmó que ya se está trabajando en los detalles finales para su presentación. "La presentación de este informe tiene que ser antes de que comience agosto; a fines de julio ya tendríamos el trabajo completo". Según el funcionario, el objetivo es claro: "Una vez que esté presentado oficialmente, seguramente lo haremos público, porque es un informe objetivo que te da los números sobre la cantidad de aportantes y beneficiarios que habría".