Mariani, el vocal que se "curó" para tomar juramento a los jueces del gobierno
El vocal se encontraba de licencia médica hasta que la levantó para validar el ingreso de los nuevos miembros del TSJ. ¿Por qué todo loa actuado es nulo? Cronología de los hechos.
La semana pasada, los miembros del Tribunal Superior de Justicia hablaron por primera vez del escándalo institucional que sacude a Santa Cruz, a partir de la decisión del gobierno de avanzar con la designación de cuatro nuevos vocales pese a la cautelar del gremio judicial que lo impedía.
En el extenso documento firmado por la presidenta del cuerpo, se plasmaron varias situaciones que pasaron desapercibidas, como por ejemplo que, quien entonces estaba como presidente, Daniel Mariani, no se encontraba en funciones al momento de tomarle juramento a los doctores Sergio Acevedo, González Nora, y más tarde, a Gabriel Contreras y a Lucio de la Vega.
"Sorpresivamente, el día 26 de septiembre nos encontramos con que el presidente en ese momento del cuerpo, quien se encontraba de licencia por enfermedad hasta ese día inclusive, se reincorporó y ordenó organizar la jura de los dos vocales designados el día anterior", dicen los vocales en referencia a Mariani.
La pregunta es ¿qué provocó que Mariani decidiera levantar su carpeta médica y que "sorpresivamente" se viera en la necesidad de acudir al TSJ a tomar las juras?
El compromiso del vocal ahora destituido de la presidencia por haber cometido un acto a todas luces ilegal (según remarcan sus propios colegas), no terminó ahí. Durante todo este proceso irregular, fue el único vocal que se mostró con las autoridades políticas acompañando a los designados vocales.
Durante días, se limitó a tomar café en la Sala de Acuerdos con Acevedo y González Nora, que no tenían despacho designado ni podían llevar adelante actos vinculados al Tribunal. Incluso, Mariani llegó a hacer algo que jamás había hecho: salir por un medio a defender la ley del gobernador.
En los pasillos, tanto del tribunal como de la cámara de diputados, el comentario circula en torno a qué tipo de acuerdo político o de otro tipo pudo alcanzar Mariani con el gobierno. Sin embargo, hay algo que el ex presidente del alto cuerpo hizo, probablemente a sabiendas de lo que sus actos significaban para la seguridad jurídica de Santa Cruz.
Y es que nadie cree que haya sido un error que Mariani tomara las juras de Acevedo y de González Nora "ad referéndum" de los demás vocales, sino que lo hizo para que estos pudiesen anularlas. Es decir, cumplir con lo que se le pedía sin tener la responsabilidad final sobre la ilegalidad de esas designaciones.
La secuencia
El 28 de agosto, la Cámara de Diputados modificó la Ley 1600 (Orgánica del Poder Judicial), ampliando el número de integrantes del Tribunal Superior de cinco vocales a nueve.
El 10 de setiembre el ejecutivo elevó las ternas de postulantes para cubrir las nuevas vocalías, pero la Asociación de Empleados Judiciales pidió una cautelar para que no se avance, buscando que la ley sea declarada inconstitucional.
El 19 de setiembre, la justicia notifica a la Cámara de Diputados que se había aceptad dictar una cautelar por diez días. El juez que la dictó fue Marcelo Bersanelli a quien el gobernador le dijo públicamente que no acataría su decisión y que, por el contrario, debería estar preso.
La sesión para tratar las ternas se convoca igual y los diputados de Unión por la Patria presentan una denuncia por los delitos de Desobediencia en concurso real con el delito de Incumplimiento de los Deberes de Funcionario Público y Abuso de Autoridad. A su vez, el gremio de judiciales acude a Fiscalía para denunciar que la Legislatura avanzaba contra la cautelar que habían logrado. Por eso interviene la justicia penal, que oficia a la Cámara para que no sesione.
La sesión se hace de todos modos y las designaciones se aprueban con los votos del oficialismo.
Lo que sigue es Mariani tomando los juramentos a pesar de que dos jueces, uno civil y otra penal, lo prohibieran, lo que le valió al vocal una denuncia cuyo avance se desconoce.
La situación de la Ley de ampliación del TSJ hoy está en un limbo, ya que una tercera jueza intervino ordenando su suspensión por dos meses.