"Nos sentimos solas y sin protección": docentes del Jardín 17 reclaman justicia por una colega apartada tras una denuncia infundada
Una docente del Jardín de Infantes N°17 de Río Gallegos fue apartada de su cargo tras una denuncia difundida en redes sociales por parte de una madre. Según el testimonio de su colega Anahí, la acusación "carece de fundamentos" y derivó en un escrache público, acoso digital y un ataque en su domicilio. El plantel docente denuncia un profundo desamparo institucional y reclama protocolos de protección y debido proceso para los trabajadores de la educación.
Una denuncia que se viralizó y una separación inmediata
La situación se conoció luego de que una madre de un alumno del Jardín N°17 realizara una acusación pública en redes sociales contra una docente, la cual -según sus colegas- no fue verificada ni respaldada por pruebas concretas.
A las pocas horas, la Dirección de Nivel Inicial decidió separar del cargo a la docente denunciada, medida que fue calificada como "inmediata e injusta" por sus compañeras.
"Fue apartada sin poder defenderse, sin descargo, sin acompañamiento institucional", señaló Anahí, una de las docentes del jardín.
El caso tomó relevancia durante el paro provincial docente convocado por ADOSAC, donde el grupo de educadoras se manifestó a las afueras del Consejo Provincial de Educación (CPE), pidiendo respuestas y garantías para su colega.
Acoso, violencia y falta de protección
Según el relato de las docentes, la denuncia virtual derivó en una serie de hechos de violencia y hostigamiento:
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Una persona arrojó una piedra de gran tamaño contra la ventana del domicilio de la docente, provocando daños materiales. 
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La maestra comenzó a recibir amenazas y mensajes intimidatorios en redes sociales, presuntamente de la madre denunciante. 
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Los intentos por obtener protección legal fueron infructuosos: la Comisaría de la Mujer rechazó emitir una restricción de acercamiento y la fiscalía se encontraba cerrada cuando acudieron a solicitar intervención. 
"Nos dijeron que la agresora tenía que volver a accionar físicamente para recién hacer algo. Es terrible tener que esperar que pase algo peor para que actúen", expresó Anahí con indignación.
El silencio de las autoridades y el reclamo del plantel docente
El equipo del Jardín N°17 denuncia falta de apoyo institucional por parte del Consejo Provincial de Educación y la Dirección de Nivel Inicial, quienes -según las docentes- no se acercaron al establecimiento ni ofrecieron asistencia psicológica a la trabajadora afectada.
"Hasta el momento no recibimos a nadie del Consejo. No hay contención, no hay acompañamiento. Nos sentimos solas", aseguró la docente.
También señalaron que, durante la reunión donde la educadora fue notificada de su separación, se impidió el ingreso de un representante gremial, vulnerando su derecho a estar acompañada. "La dejaron sola, la obligaron a firmar algo con lo que no estaba de acuerdo", relataron.
Las redes sociales como espacio de exposición y daño
El conflicto volvió a poner en debate el uso de las redes sociales para realizar denuncias públicas sin mediación judicial, y el impacto que esto genera sobre la reputación de los docentes.
"Hoy cualquiera puede subir algo a una red y destruir la trayectoria de una persona sin que nadie lo compruebe. La comunidad comparte sin saber si es real o no, y la justicia social es muy dura", advirtió Anahí.
Las docentes insisten en la necesidad de que el sistema educativo implemente protocolos claros de actuación ante denuncias, que resguarden tanto a los niños como a los trabajadores de la educación, garantizando la presunción de inocencia y el derecho a defensa.
"Esto le puede pasar a cualquiera de nosotras"
A pesar del miedo y la incertidumbre, el plantel del Jardín 17 se mantiene unido en apoyo a su compañera, acompañándola en los trámites judiciales y en su pedido de justicia.
"Estamos todas con ella. No vamos a dejarla sola, porque esto le puede pasar a cualquiera de nosotras. Hoy fue una, mañana puede ser otra", expresaron las docentes.
El caso continúa bajo seguimiento policial y gremial, mientras desde el sector educativo esperan una respuesta institucional que repare el daño y siente un precedente de protección real para los trabajadores docentes.
(Fuente: El Diario Nuevo Día)

