Organizaciones de Río Gallegos y todo el país exigen que el Congreso convierta en ley la Emergencia en Discapacidad
Fundaciones como Juntos, APPADI, Fundación TEA y Ovillo Terapéutico lideran movilizaciones en todo el país y especialmente en Río Gallegos para exigir que se convierta en ley la Ley de Emergencia en Discapacidad, recientemente vetada por el presidente Javier Milei. Desde ese veto, se multiplican las protestas y la presión para que el Congreso reincida. En Río Gallegos, Nuevo Día dialogó con Carina Lara, presidenta de Fundación Juntos, y Gabriela Troiano, presidenta de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), quienes relataron la situación y el reclamo local.
La Ley de Emergencia en Discapacidad: qué propone y qué pasó
La norma había sido sancionada por el Congreso en julio y declaraba la emergencia del sistema de discapacidad hasta diciembre de 2027. Establecía la regularización de pagos a prestadores, actualización de aranceles, mejoras en pensiones no contributivas, accesibilidad al transporte, construcción de un marco más inclusivo del Certificado Único de Discapacidad (CUD), y cumplimiento efectivo del cupo laboral para personas con discapacidad
El presidente Javier Milei vetó la ley alegando inviabilidad fiscal pese a que su costo se estima inferior al 0,5% del PBI.
Desde la sanción en Diputados y antes del veto, miles de personas se movilizaron frente al Congreso y en plazas de todo el país, demandando la sanción definitiva de la norma.
Organizaciones como Fundación Juntos, APPADI, Fundación TEA, Ovillo Terapéutico se sumaron a la convocatoria nacional junto a familias, prestadores y personas con discapacidad.
En la capital de Santa Cruz, también hubo una réplica de la movilización federal. CarinaLara, presidenta de Fundación Juntos, explicó que "en Río Gallegos sentimos el impacto cotidiano de las prestaciones incumplidas, tenemos familias y prestadores que esperan meses para recibir los pagos" y agregó: "Se están vulnerando muchos derechos y es urgente que esta ley pueda surgir"
Por su parte, Gabriela Troiano, presidenta de REDI, subrayó que "este veto no solo deja en jaque derechos fundamentales, sino que deja al margen a muchas personas del acceso mínimo a la salud, la educación y la inclusión laboral".
Reclaman que el Congreso actúe ya y rechace el veto presidencial. Además, anunciaron nuevas acciones abiertas a la comunidad de Río Gallegos para visibilizar la urgencia.
¿Qué viene ahora?
Las organizaciones advierten que el futuro de la ley está en manos del Congreso: si logra dos tercios de los votos en ambas cámaras, podría imponerse al veto presidencial.
(Fuente: El Diario Nuevo Día)