Poder Judicial de Santa Cruz: una renuncia, denuncia de presiones y Basanta, quien no debería integrar el TSJ

El Consejo de la Magistratura de Santa Cruz se encuentra atravesada por acusaciones de presiones internas, denuncias penales y una creciente tensión.  La doctora María Cristina Riera, consejera en representación del Colegio de Abogados, dialogó extensamente en una entrevista radial, donde detalló con firmeza los hechos que desataron el conflicto.

Todo comenzó con los concursos para cubrir cargos judiciales en Río Gallegos y El Calafate. Según explicó Riera a Radio Nuevo Día,  los concursos se realizaron bajo un protocolo estricto de transparencia. "El examen de oposición consiste en la redacción de una sentencia o voto, dependiendo del cargo. Es totalmente anónimo, nadie sabe a quién está corrigiendo. Ni el postulante ni los consejeros conocen la identidad del autor del examen", afirmó.

Además, destacó que los casos a resolver se eligen de manera aleatoria y en sobre cerrado, minutos antes del examen y frente a todos los postulantes. "En este concurso implementamos por primera vez una modalidad en la que varios consejeros presentan distintos casos. Esos sobres se sortean públicamente en el momento. De esta forma, es imposible que alguien conozca de antemano el contenido del examen", agregó.

Sin embargo, tras los resultados -donde aprobaron nueve de los  26 postulantes- se desató una polémica. Uno de los consejeros, el doctor Albarrán, representante del estamento de funcionarios y magistrados, fue cuestionado por algunos colegas respecto a su rol en la evaluación. "Albarrán fue increpado en una reunión por sus representados, cuestionaron cómo corrigió, cómo calificó. Incluso una postulante que no quedó en la terna, pero sí había aprobado el examen escrito, le reprochó que le bajó la nota. Eso es imposible de saber, porque las sesiones son secretas y las notas son confidenciales. Cuando él le preguntó cómo sabía, ella respondió que no podía decirlo", narró Riera.

Este episodio motivó la renuncia de Albarrán al Consejo de la Magistratura y la presentación de una denuncia penal para que se investigue quién filtró la información confidencial. "Él  dijo personalmente que no podía seguir corrigiendo si debía rendir cuentas ante presiones internas",  señaló la doctora.

A esto se sumó la revocación del mandato del doctor Mariani como representante del Tribunal Superior de Justicia en el Consejo y su reemplazo por el doctor Fernando Basanta, exministro de Gobierno de Alicia Kirchner y actual vocal del Tribunal Superior, cuya designación está judicializada. La letrada recordó que Basanta "no reúne las condiciones que exige la Constitución Provincial" para integrar el TSJ, "lo que motivó un amparo que está hace más de dos años a resolver".

Frente a este escenario, Riera, junto a los consejeros Javier Baca (representante del personal judicial) y Julián Michavila (por el Poder Ejecutivo), firmaron un comunicado en el que denunciaron presiones e injerencias. Allí se lee: "Es justamente el Poder Judicial quien pretende interferir y mantener su hegemonía en el proceso de selección. Las presiones que estamos denunciando van en contra de un proceso justo y transparente".

Consultada sobre el concepto de "familia judicial", la consejera precisó: "Históricamente, quienes integraban la carrera judicial eran los que accedían a los cargos. Hoy hay muchos abogados del ejercicio privado que se están presentando, y eso genera resistencia. Todos los abogados tenemos derecho a ser jueces si demostramos capacidad e idoneidad". 

"Acá sé que la queja es porque muchos funcionarios judiciales  no aprobaron los exámenes. ¿Sabe qué le cuento? Un empleado que tiene 30 años de edad aprobó el examen. O sea que en realidad no pasa por si es magistrado, si es funcionario", añadió

Sobre la posible vinculación política de los actores judiciales, Riera fue cautelosa: "Yo no puedo decir si son kirchneristas o no, porque lo desconozco. Lo que sí puedo decir es que hay una estructura que se resiste a perder el control del proceso de designación de jueces. Nosotros apostamos a jueces independientes y bien formados".

La doctora también apuntó contra la medida cautelar que impide a los consejeros elegir su propio presidente, tal como establece la nueva Ley 3910 del Consejo de la Magistratura. "Una jueza de familia dictó esa cautelar, y el Tribunal Superior la ratificó. Esto impide que podamos tener autonomía en la elección de nuestras autoridades. Es una clara señal de resistencia a los cambios", concluyó.