Facturas truchas y lavado de dinero en Río Gallegos: citaron a indagatoria a los 23 investigados

En la tarde de este viernes, se confirmó el llamado a indagatoria para 23 contadores y empresarios acusados de lavado de dinero y facturación apócrifa en Río Gallegos, en una causa que El Diario Nuevo Día dio a conocer en noviembre de 2018.

En este caso, la indagatoria a los investigados avanza tras una presentación conjunta del titular de la fiscalía federal de Río Gallegos, Julio Zárate, y la fiscal cotitulares de la Procuraduría de Criminalidad Económica (PROCELAC), Diego Velasco y Laura Roteta, y la titular de la Dirección General de Recupero de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB) de la Procuración General, María del Carmen Chena, quienes en diciembre de 2022 solicitaron al juez federal de esa jurisdicción, Claudio Marcelo Vázquez, que indague a las 23 personas que conformarían una asociación ilícita fiscal.

Cabe recordar que la solicitud también alcanza a quienes fueran los responsables legales de una cooperativa y a cinco personas jurídicas.

De acuerdo con las imputaciones, algunos de los involucrados también habrían incurrido en los delitos de evasión tributaria -simple y agravada- y lavado de activos.

Los y las representantes del Ministerio Público Fiscal le solicitaron asimismo al magistrado que dicte medidas cautelares de carácter patrimonial, a fin de asegurar el decomiso -en caso de una futura condena- de los bienes y dinero, producto de los ilícitos investigados. El perjuicio ocasionado al fisco se estimó en 150 millones de pesos.

Se trata de una causa federal por lavado de dinero y facturación apócrifa en la que están acusados e imputados reconocidos empresarios y contadores de la ciudad. El sistema llegó a incluir la entrega de premios falsos en empresas como Rifas Mural S.A. y Autocrédito S.A.

LOS ACUSADOS

El expediente de la causa es preciso respecto de los acusados de formar parte de la “presunta evasión tributaria” y en esta primera entrega Nuevo Día reproduce los nombres de quienes estuvieron presuntamente involucrados.

La lista incluye a: Marcelo Omar Amad, Pablo Amad, Asturias SRL., Autocrédito S.A. de Capitalización, José Omar Bahamonde y Alberto Juan Bark (Paralelo 46 tv), una de las mayores beneficiarias con el circuito de facturación apócrifa.

También son acusados por diferentes actuaciones: Carlos Barría Muñoz, Paola Bringas (AFIP), Angel Alfredo Bustos, Hugo Sergio Cabral, Javier Ramón Cabral, Héctor Carlos Costilla, Cerámica Austral SRL. y CIAPECO S.A.

LA HISTORIA

Todos los citados están señalados de haber formado parte, de una manera u otra, de  lo que en el expediente figura técnicamente como “una asociación ilícita conformada con la finalidad de obtener un beneficio económico a través de la comisión de distintas conductas delictivas”.

El inicio de la historia tiene que ver con el denunciante, que es el vecino de Río Gallegos, Luis Alberto Reyes, quien en ese momento indicó tener una pequeña empresa que “realiza perforaciones de pozos de agua en zonas rurales”, por la cual facturaba “entre 120.000 y 160.000 pesos anuales”.

Su contador era justamente Marcos Eduardo Monzón, que le llevaba su facturación hace 4 años, según indicó Reyes en su denuncia.

Reyes contó que le dio su clave fiscal a Monzón porque "confiaba en el como profesional" y además indicó que nunca había tenido problemas con él hasta ese 15 de junio de 2018, cuando advirtió que Monzón “facturó 17 millones de pesos, quedando por anular cuatro millones”, "cifras siderales que nunca corresponde con el giro comercial que me desempeño, y además jamás he recibido esos importes", indicó.

En su denuncia, Reyes dijo que Monzón culpó a "un dependiente de él", "un tal Alejandro Márquez", a quien el denunciando nunca llegó a conocer.

Así fue como, consultando a otro contador, confirmó que “Marcos Monzón (o sus dependientes) comenzó a emitir facturas sin su autorización y conocimiento desde febrero de 2017.”

"Luego de emitirlas, procedió a anularlas", indicó en su denuncia Reyes. También advirtió que "otro punto importante a tener en cuenta es que los contribuyentes a quienes supuestamente les habría facturado" no se corresponden con la actividad que realizaba.

LOS "CLIENTES"

En ese momento nombró a empresas como Diciembre SRL., Paralelo 46TV., Ganadera de Puerto Cole, Díaz Roberto Alejandro, Cooperativa de Trabajo y Servicios Generales y Vivienda Paraíso LTDA., Santos Alvaro Horacio, Nancuante Mansilla Luis Obando.

Reyes contó que, luego de haber consultado con el "CPN García", dado que Monzón no le daba respuestas, sino evasivas, confirmó que además le había agregado dos actividades más al rubro en el cual estaba inscripto en la AFIP, "las cuales no se condicen con la realidad".



LOS ALLANAMIENTOS

La investigación de la causa fue la que derivó en una seguidilla de más de 30 allanamientos, en junio de este año, que dio que hablar en Río Gallegos y que incluyó a diferentes edificios para recolectar documentación e información sobre Mario Francisco Negrete, Marcos Monzón, Hector Carlos Costilla, Diego Valdemar Viera Romero, Luigi Abraham Braim, Giorgio Michieletto, Marcello Michieletto, Adolfo Infante, José Roberto Sotomayor, Hugo Duamante, ALberto Juan Bark, Mario Nicolás Reinoso, Hugo Sergio Cabral, Javier Ramón Cabral, Paralelo 46 TV S.A., Mario Nicolás Reinoso, Reinoso MN MEGI ME y OTROS S.H., CIAPECO, Infante Sistemas, Kalmat, Cerámica Austral SRL., MATCON, Mural S.A., Asociación Social y Deportivo Mareas del Sur, Vientos del Sur y Artama S.A. Todo esto finalizando en junio de 2019.

En dichos allanamientos, entre otros documentos, dieron con documentación de la firma "PIGARI" que resulta de la asociación entre Giorgio Michieletto, María Gabriela Anglesio y Ariel Gustavo Michieletto.

Pocos días después, se libró un allanamiento en la firma "PIGARI".

LAS INDAGATORIAS

En este contexto, los fiscales Zárate y Velasco y la fiscal Roteta le solicitaron al juez Vázquez que indague a los contadores como jefes de una asociación ilícita tributaria y a uno de ellos como coautor de lavado de activos de origen delictivo y cómplice primario de cuatro hechos de evasión tributaria simple y cuatro hechos de evasión tributaria agravada. Pidieron asimismo la indagatoria de otro hombre como jefe de la asociación ilícita y coautor de lavado de activos.

Por otra parte, requirieron la citación de otro hombre como miembro de una asociación ilícita tributaria y cómplice secundario de dos hechos de evasión tributaria simple y un hecho de evasión tributaria agravada y el emplazamiento de otros ocho hombres como miembros de la organización y coautores de lavado de activos.

Los y las representantes del MPF también pidieron la citación de otras siete personas como miembros de la asociación ilícita fiscal, de otros dos hombres y de cuatro empresas como coautores de lavado de activos -uno de ellos, también por falsificar documentos públicos- y de una mujer como cómplice primaria de lavado de activos.

La fiscalía también pidió el llamado a indagatoria de una mujer por evasión tributaria simple y agravada, y de un hombre, una persona jurídica y los directivos de dicha cooperativa durante el año 2017, por evasión tributaria simple.

Finalmente, con asistencia de la responsable de la DGRADB, María del Carmen Chena, pidieron que se dictaran medidas cautelares patrimoniales para a asegurar el decomiso del producto de los hechos delictivos investigados, la restitución, la pena pecuniaria y las costas del proceso que se pudieran imponer en caso de recaer sentencia condenatoria.