Policías autoconvocados en Santa Cruz: que pasos seguirían, asamblea provincial y el antecedente de 2012
Desde el sector aseguran que el reclamo por discusión salarial crece en distintas localidades. El temor a sanciones y el antecedente de años atrás.
A seis días de la presentación de una nota en casa de Gobierno para Pedro al ministro de Seguridad, Pedro Pródromos, la apertura de discusión salarial, desde el sector de policías autoconvocados señalaron que cada vez, se sumas más efectivos al reclamo.
El Consejo del Salario, que se reúne para discutir el aumento de sueldo de esta fuerza y que nació luego de un duro conflicto en 2012, aún no se reunió, aunque hubo un pedido de la Asociación Policial, también creada luego del acuartelamiento en el gobierno de Daniel Peralta, que alcanzó los 20 días.
"Se sumó más gente con el bocinazo en Caleta, Río Gallegos, El Calafate y Los Antiguos. Truncado y Las Heras hicieron lo mismo. No es solo Gallegos, cada día hay más adhesiones que se van sumando", afirmó a El Diario Nuevo Día, Ramon Quipildor, vocero y asesor de los policías autoconvocados y del Servicio Penitenciario Provincial de Santa Cruz, quien además explicó el malestar se viene profundizando y cada día se suman más efectivos en distintas localidades.
Quipildor sostuvo que existe acompañamiento social: "Hay apoyo de la sociedad porque entiende que somos personas con necesidades como cualquier vecino, nomás que tenemos otra función".
Temor por sanciones y antecedente de 2015
El vocero reconoció que dentro de las fuerzas existe preocupación por posibles represalias. "Hay un poco de temor al principio por el acuartelamiento en 2015, que fue débil y hubo sanciones con días de arresto, y en algunos casos no ascendieron", recordó.
También indicó que en el Servicio Penitenciario Provincial algunos superiores advirtieron sobre posibles sanciones económicas. "A compañeros de Penitenciaría les dijeron que los van a sancionar, y una sanción es un descuento de sueldo. Un día de descuento es plata", señaló.
Quipildor aclaró que no están hablando de un acuartelamiento inmediato, pero sí de posibles medidas más firmes si no hay respuestas. "No hablamos de acuartelamiento, sino de medida extrema cuando el personal se sienta atacado o no haya respuesta", expresó.
Asamblea provincial y advertencias al Ejecutivo
El sector analiza formalizar el espacio y avanzar en la designación de referentes. "Analizaremos en una reunión un escrito para legalizarlo, nombrar referentes, porque estamos evaluando para el lunes una asamblea provincial", adelantó.
En ese marco, cuestionó declaraciones de Pródromos que buscan "deslegitimar" el reclamo. "Pródromos dijo que yo no era policía, mientras yo firme una hoja. El petitorio está firmado por personal activo, familiares y retirados. Yo tengo retiro obligatorio y estoy como vocero y asesor", explicó.
Finalmente, lanzó una advertencia: "Si no hay respuesta, si el efectivo policial se quiere autoconvocar lo va a hacer; la necesidad que tiene el policía lo lleva a esto. Y si siguen atacando, llegará un momento en que habrá más autoconvocados".
Quipildor recordó además antecedentes de conflictos en la fuerza: "En 2012, cuando el jefe de Policía dijo lo mismo que ahora, la situación se agravó más. Cuando apuntó a Monsalvo, vino el acuartelamiento".
Los puntos del reclamo salarial
Entre los principales pedidos figura la apertura inmediata de paritarias para la Policía y el Servicio Penitenciario, incluyendo de manera expresa a retirados y pensionados. Además, exigen una recomposición "real y efectiva" que establezca un salario mínimo de $3.800.000 netos por agente.
La nota también reclama el pago del 100% de los viáticos -actualmente se abonaría el 50%- y su actualización conforme a la normativa vigente. A esto se suman la actualización de asignaciones familiares, un adicional por insalubridad y el reconocimiento diferenciado de horas extras, feriados, fines de semana y nocturnidad.
"La ausencia de respuestas institucionales opera como un mecanismo encubierto de precarización laboral", sostuvieron en el escrito, donde además remarcan que la falta de actualización salarial "vulnera derechos básicos y afecta la dignidad del personal".

