Reyes: “Los estados tienen la obligación de establecer mecanismos de prevención y protección hacia niñas, niños y adolescentes”

La diputada nacional Roxana Reyes impulsó en el Congreso de la Nación un proyecto solicitando una investigación urgente y exhaustiva por parte de la Justicia y las autoridades competentes para que se esclarezca el caso de las dos niñas argentinas asesinadas en Paraguay y se identifique a los responsables lo más pronto posible.

El miércoles 2 de septiembre las Fuerzas Armadas de Paraguay atacaron un campamento del Ejército Paraguayo del Pueblo ubicado en la zona de Yby Yaú, conocida como “Arroyito”, en el Departamento de Concepción, donde se encontraban las dos niñas argentinas de 11 años, quienes fueron brutalmente asesinadas.



“En línea con las manifestaciones de la Cancillería Argentina, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y con el representante de Derechos Humanos de la ONU en América del Sur, pedimos que se investigue a fondo, sin demora y de forma imparcial, el operativo militar que terminó con la vida de estas dos niñas” expresó Reyes.



Según la información de público conocimiento, mientras que las autoridades paraguayas afirmaban que las niñas tenían 15 y 18 años y que se encontraban armadas al momento del ataque, la madre de una de las niñas sostuvo que fueron capturadas, torturadas y ejecutadas. Sobre qué hacían las niñas en ese lugar, la misma madre explicó que las niñas habían viajado a Paraguay para visitar a sus parientes, y que no pudieron regresar a nuestro país a causa de las restricciones sanitarias.



“Los procedimientos han sido confusos y han dejado muchas dudas e interrogantes. Ante todo, ¿cómo puede ser que un operativo termine con la vida de dos niñas, que el entierro sea en tumbas NN, que no se le realicen autopsias y además se hayan destruido sus prendas?” cuestionó Reyes.



Por su parte, la Cancillería Argentina realizó un requerimiento a Paraguay que incluyó una protesta al coronel Héctor Grau, comandante de las FTC, quien aseguraba que en nuestro país funcionaban guarderías de menores que eran utilizados como guerrilleros. 



“Es un hecho gravísimo que requiere de una profunda investigación. Los estados tienen la obligación de establecer mecanismos de prevención y protección hacia niñas, niños y adolescentes para evitar todo tipo de violencia o vulneración a sus derechos humanos” concluyó Reyes, quien preside la comisión de Familias, Niñez y Juventudes en la Cámara de Diputados de la Nación.


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