D’Amico presentó recurso de amparo ante la negativa de Grasso de entregar el contrato con Nueva Santa Cruz

La concejal, Daniela D’Amico, con patrocinio del Dr. Javier A. Stoessel, presentó un recurso amparo en los términos de la Ley de Acceso a la Información Pública, ante Juzgado Civil Nº 2, por la negativa del Intendente de Río Gallegos de entregar contrato de concesión subscripto entre el Municipio y la empresa Nueva Santa Cruz.

La concejal, abogada. Daniela D’Amico, bajo el patrocinio del Dr. Javier A. Stoessel, un recurso amparo en los términos de la Ley de Acceso a la Información Pública, ante Juzgado Civil Nº 2, a cargo del juez Francisco Marinkovic, ante la negativa del Intendente de Río Gallegos de entregar contrato de concesión subscripto entre el Municipio y la empresa Nueva Santa Cruz responsable de la gestión y operación de la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos de la ciudad



La presidenta del Interbloque Unidos indicó que el pedido responde a que desde enero del 2020 “Grasso se niega a brindar información sobre la empresa. No conocemos ningún dato certero sobre las cláusulas contenidas en el contrato ni los términos en que fuera realizada la concesión, pese a que dicha información fuera requerida por diversos medios”.



La acción de amparo específicamente ordena a la Comuna que en el término de 48 horas brinde información detallada sobre el contrato con Nueva Santa Cruz, bajo apercibimiento de considerar su conducta como incumplimiento de una orden judicial y de los deberes de funcionario público, fijándose asimismo una multa de $ 10.000 por cada día de demora. El escrito establece que la obligación de contestar estará a cargo del Intendente de Río Gallegos.



D’Amico explicó que debido a que fueron agotadas las vías administrativas “recurrimos a la instancia legal. El derecho de acceso a la Información Pública es sistemáticamente desconocido por la actual gestión, siendo el poder judicial el último garante de los derechos y de la democracia. Grasso quiere acostumbrarnos a vivir en la ilegalidad, negando un derecho a la información, declamado por trata-dos internacionales y protegido por la Constitución Nacional y leyes provinciales”.



Para finalizar, la edil radical aseguró “La información que solicitamos es crucial para el ejercicio de mi función como concejal y derecho de la ciudadanía. La actual gestión responde a una clara política de secretismo sobre el manejo de los asuntos públicos que impera en Santa Cruz. Los riogalleguenses estamos cansados y exigimos saber como se manejan los fondos públicos y en este caso en particular como se administra la Planta de Residuos Sólidos Urbanos, que implica el uso de infra-estructura que pertenece al municipio y aspectos económicos, legales y ambientales de la ciudad de Río Gallegos” 


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