Caso Vialidad II: llamarán a indagatoria a los ex gobernadores Acevedo, Sancho y Peralta

Están bajo la lupa judicial los ex gobernadores Carlos Sancho, Sergio Acevedo y Daniel Peralta, sus respectivos ministros de Economía y directivos de Vialidad Provincial.

El 9 de marzo se escucharán los fundamentos de las condenas contra Cristina Kirchner, Lázaro Báez y otros siete imputados en el juicio por lavado de dinero en el caso Vialidad. Eso habilitará que el fiscal y los defensores puedan apelar las sentencias. En tanto, en instrucción queda otro tramo del caso conocido como Vialidad II, que investiga la responsabilidad de ex gobernadores de Santa Cruz, ex ministros de economía santacruceños, funcionarios de Vialidad provincial, y personal de Austral Construcciones. La próxima instancia será el llamado a indagatoria de este grupo de personas.



Están bajo la lupa judicial los ex gobernadores Carlos Sancho, Sergio Acevedo y Daniel Peralta, sus respectivos ministros de Economía y directivos de Vialidad Provincial.



Hace más de cuatro años, los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques presentaron el pedido de indagatoria de 33 personas involucradas en los que se denominó Vialidad II, un desprendimiento de la causa madre cuyo juicio oral concluyó el 6 de diciembre pasado cuando el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) leyó la condena por administración fraudulenta en contra de la vicepresidenta de la Nación.



En ese caso se sostuvo que desde el Poder Ejecutivo Nacional y los organismos de la administración estatal con intervención en materia de obra pública “se montó una organización criminal orientada a la sustracción de fondos públicos por medio de la asignación discrecional de prácticamente el 80% de las obras viales adjudicadas en la provincia de Santa Cruz en favor de las empresas de Lázaro Báez, lo que representó la contratación del Estado por prácticamente 46 mil millones de pesos”.



El Tribunal que encontró responsable a Cristina Kirchner de haber favorecido a su ex socio comercial con fondos públicos, generando el fraude investigado, concluyó que el perjuicio asciende a 80.000 millones de pesos.



Toda la maniobra tuvo como epicentro la provincia de Santa Cruz, lugar que según sostuvo la acusación fue el elegido para ejecutar “la matriz de corrupción”.



Para que todo esto ocurriera se requirió -sostienen los investigadores- de la implementación de una “estructura coordinada de personas, con multiplicidad de actores, división de roles y extensión en el tiempo”. Para la justicia federal no se agota en las personas que terminaron condenadas en diciembre pasado, sino que hay una “pata provincial” que también debe dar explicaciones.



Los fiscales del caso señalaron que hay responsabilidad penal de “aquellos individuos que, desde la estructura burocrática de la provincia de Santa Cruz, pusieron a disposición de la maniobra sus facultades públicas y contribuyeron al plan criminal que se decantaba desde la cúspide del Poder Ejecutivo Nacional”.



En este segundo tramo del expediente, se sostiene que para que la sustracción de fondos y direccionamiento de los mismos a favor de Báez se materialice, se necesitó de una “imprescindible colaboración” de los ex gobernadores Carlos Sancho, Sergio Acevedo y Daniel Peralta, que condujeron Santa Cruz entre 2003 y 2015. Sobre ellos pesa un pedido de indagatoria que el juez Julián Ercolini busca concretar una vez que se conozcan los fundamentos de la condena.



Lo que sostiene la imputación es que los ex mandatarios santacruceños -como también los funcionarios de las distintas carteras de la administración pública provincial- “contribuyeron —por acción u omisión— en el plan criminal destinado a la sustracción de fondos públicos a través de la asignación y falta de control de obras viales al Grupo Báez”.



Los ex gobernadores K



Cuando imputó a los ex gobernadores kirchneristas, el Ministerio Público Fiscal sostuvo que en virtud del cargo que ocupaban como jefes de la Administración Pública santacruceña, “diseñaron la estructura de funcionarios provinciales que intervendrían en la maniobra, presentaron los proyectos de presupuesto en los que se aplicaba una enorme cantidad de fondos provinciales para las obras” adjudicadas a las empresas de Lázaro Báez.



Con estas decisiones “garantizaron que el flujo de esos recursos públicos no se agotara mediante reestructuraciones de partidas a través de decretos”. Se los acusó a Sancho, Acevedo y a Peralta de haber sido “gestores políticos con las autoridades nacionales para la firma de los convenios” de Vialidad Nacional y la agencia de Vialidad Provincial y “desde la cúspide de la estructura administrativa provincial dirigieron hacia su interior la maniobra”.



El Ministerio de Economía de Santa Cruz



El llamado a indagatoria incluirá además a los ex ministros de Economía de Santa Cruz, quienes fueron “clave para que la maniobra se sostuviera en el tiempo”. Eran, según los fiscales, los encargados del control directo sobre la Administración General de Vialidad Provincial —organismo descentralizado bajo su órbita— y desde ese cargo “garantizaron la total ausencia de controles sobre las obras viales adjudicadas a Báez”.



Se les atribuye haber dotado de recursos provinciales “hacia las obras del socio comercial de los ex Presidentes, no sólo por medio de la confección del presupuesto provincial —tarea a su cargo—, sino también a través de la reestructuración de partidas durante el transcurso de cada ejercicio”.



Vialidad provincial: un eslabón clave



El mapa de responsabilidades incluye a ex funcionarios de la Administración General de Vialidad Provincial de Santa Cruz —en connivencia con los sucesivos presidentes del organismo, que ya fueron condenados- que “contribuyeron en el esquema de beneficios exclusivos implementado en favor del Grupo Austral”.



El listado es extenso y abarca a los principales funcionarios del Tribunal de Cuentas Santa Cruz, que prestaron su acuerdo previo a contribuir con el plan criminal investigado, “a través de la omisión sistemática y deliberada de ejercitar sus funciones de auditoría y control, por cuanto durante doce años dicho organismo no efectuó ninguna auditoría sobre las obras viales adjudicadas” a Báez.



Además este organismo “aprobó todos los ejercicios de la AGVP sin efectuar ninguna objeción ni formular denuncia alguna; todo ello incluso pese a las numerosas y graves irregularidades cometidas en el seno de la AGVP”. clarin.com 







 


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