Por decreto, el Gobierno nacional elimina la Ley Ovina y otras normas de fomento a la producción

• El Gobierno Nacional oficializó la eliminación de todos los regímenes especiales de fomento ganadero, entre ellos, el emblemático Régimen para la Promoción, Desarrollo y Consolidación de la Ganadería Ovina y de Llamas, la llamada "Ley Ovina" mediante el Decreto 408/2025 publicado este martes en el Boletín Oficial. La medida alcanza además a programas destinados a la actividad caprina, la producción de búfalos de agua, la ganadería bovina en zonas áridas y la sericicultura (producción de gusano de seda), vigentes desde hace más de una década.

Desde la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGyP), dependiente del Ministerio de Economía, justificaron la decisión argumentando que "las condiciones que dieron origen a estos regímenes cambiaron de manera sustantiva", y que "resulta necesario avanzar hacia esquemas de fomento más integrales, flexibles y orientados a resultados".

El régimen ovino, creado por la Ley 25.422, tenía por objetivo promover el desarrollo sostenible de la actividad ovina y de llamas en todo el país, con especial impacto en regiones como la Patagonia. Establecía líneas de financiamiento para la modernización productiva, proyectos de inversión, agregado de valor y arraigo rural. Con el decreto, también quedó disuelta la Comisión Asesora Técnica que supervisaba dicho programa.

"Las estructuras creadas para gestionar estos regímenes se disuelven por resultar redundantes en el actual esquema de gestión", indica el texto oficial. La medida también derogó las leyes marco que daban sustento a estos programas, declarando su caducidad total.

Además del régimen ovino, se disolvieron:

• El Programa de Promoción y Producción del Gusano de Seda y su registro nacional.

• El Régimen para la Recuperación y Desarrollo de la Actividad Caprina.

• El Régimen de Promoción de la Ganadería Bovina en Zonas Áridas y Semiáridas.

• El Programa para el Fomento de la Producción Bubalina, junto al Consejo Federal Bubalino.

El Decreto señala que las obligaciones asumidas por el Estado antes de esta derogación deberán ser cumplidas, pero no se prevé continuidad para nuevos proyectos bajo los esquemas previos.

(El Diario Nuevo Día)