Por qué denunciaron penalmente a un diputado de Santa Cruz, y autoridades del HCD: presuntas contrataciones, cobros, y "aportes"

El jueves 4 de diciembre, el concejal Carlos Morón (UxP) presentó una denuncia penal contra el diputado por municipio José Luis Quiroga, la presidenta del Concejo Deliberante de Pico Truncado, Tamara Vera, y la exsecretaria general del cuerpo, Laura Chosco. La presentación surge tras las declaraciones públicas de Cynthia González, quien ejerció como secretaria general durante el primer semestre de 2024 y aseguró haber detectado maniobras irregulares durante su gestión.

Según la denuncia, González señaló que Quiroga habría influido para que la hija de González obtuviera un contrato en el Concejo Deliberante pese a no asistir a trabajar. "Pasó a cobrar mes a mes sin haber concurrido un solo día", indica el escrito judicial.

Contratos, retornos y presiones internas

Morón también expuso que la denunciante mencionó presuntos "retornos" de cargos políticos y contratos vinculados a la agrupación SER, los cuales habrían sido destinados a cuentas relacionadas con Quiroga en concepto de "aportes" o "colaboraciones".

Asimismo, sostuvo que Tamara Vera, como presidenta del Concejo, habría estado en conocimiento de estas maniobras debido a su rol en la firma de los contratos. González aseguró incluso haber dialogado con Vera para solicitar el ingreso de su hija, recibiendo como condición entregar "la mitad del sueldo cada mes".

En paralelo, el escrito detalla que Laura Chosco, aun después de dejar la Secretaría General, continuó interviniendo en el funcionamiento administrativo del Concejo mientras trabajaba con Quiroga en la Cámara de Diputados. También habría promovido la contratación de una empleada doméstica como "auxiliar técnica", pese a que nunca se la vio desempeñar tareas en el edificio legislativo.

Balance ocultos y un disco rígido desaparecido

La denuncia agrega elementos considerados de mayor gravedad: González afirmó que, al asumir, encontró balances "abajo de la mesa" que no habían sido enviados al Tribunal de Cuentas, y advirtió la desaparición del disco rígido que contenía documentación interna del Concejo.

Fuentes consultadas indicaron que, en esta etapa, los funcionarios podrían ser investigados por fraude en perjuicio de la administración pública, exacciones ilegales, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes, delitos contemplados en el Código Penal. (HD Pico Truncado)