¿Por qué los productores de Santa Cruz recurrieron a la Justicia contra SENASA?

  La Federación de Instituciones Agropecuarias de Santa Cruz (FIAS) presentó este viernes un recurso de amparo ante la Justicia Federal con el objetivo de frenar los efectos de la Resolución 460/2025 del SENASA, organismo que dispuso una nueva flexibilización de los controles en la barrera sanitaria patagónica. La presentación fue realizada en el Juzgado Federal de Río Gallegos y cuenta con el patrocinio del abogado Ricardo Julián.  

El recurso, firmado por el presidente de FIAS, Enrique Jamieson, solicita la nulidad absoluta de la resolución por considerarla inconstitucional y perjudicial para la región. La organización sostiene que la medida fue adoptada de manera arbitraria, sin consulta pública ni evaluaciones de impacto ambiental, y acusa al SENASA de presentar fundamentos falsos en su resolución.

Uno de los principales cuestionamientos es que la resolución permite el ingreso a la Patagonia de carnes con hueso y productos de zonas donde se vacuna contra la fiebre aftosa, lo que -según FIAS- pone en riesgo el reconocimiento internacional de la región como "zona libre de aftosa sin vacunación". Este estatus sanitario fue conseguido tras más de dos décadas de trabajo, inversión y cumplimiento de estrictos protocolos.

"La pérdida definitiva del reconocimiento internacional del estatus sanitario patagónico constituye un daño de características irreversibles que compromete décadas de esfuerzo conjunto", se lee en el escrito. Además, la demanda subraya que tanto el Servicio Agrícola y Ganadero de Chile como la Comisión Europea expresaron oficialmente su rechazo a la resolución de SENASA, lo que ya habría derivado en restricciones para las exportaciones patagónicas hacia esos destinos.

En otro tramo del escrito, FIAS destaca que la Corte Suprema ha sentado jurisprudencia reconociendo el estatus sanitario como un derecho adquirido con valor patrimonial para los productores, y señala que el principio precautorio debería regir toda decisión en materia ambiental y sanitaria.

El conflicto se remonta a marzo, cuando SENASA dictó la Resolución 180/2025 con un criterio similar. Tras fuertes críticas y presiones desde los sectores productivos y los gobiernos provinciales patagónicos, aquella medida fue suspendida y modificada. No obstante, con la Resolución 460/2025, el organismo retomó la misma línea, desatando un nuevo rechazo. (Fuentes: Ahora Calafate)

Las entidades del campo advierten que, de mantenerse vigente la resolución, la economía regional podría sufrir un "daño irreparable" y que el ecosistema también se vería comprometido. Por ese motivo, además de declarar la nulidad de la medida, el amparo solicita que la Justicia ordene al SENASA mantener las condiciones sanitarias vigentes antes de la resolución, y que se abstenga de dictar nuevas disposiciones similares sin cumplir con los procedimientos legales establecidos.