Por qué se suspendió la sesión del HCD Río Gallegos: 2,5 millones disponibles, según Robles, quien le contestó a D'Amico

La Presidencia del Concejo Deliberante de Río Gallegos decidió suspender el cierre del orden del día y, con ello, el tratamiento de los temas que estaban ingresando a las comisiones para la sesión prevista para el jueves 3. El argumento difundido oficialmente fue que no estaban garantizadas las "condiciones administrativas mínimas necesarias" para asegurar el normal funcionamiento del cuerpo legislativo.

Según esa explicación, el problema estaba relacionado con la falta de provisión de insumos considerados esenciales para las tareas administrativas y parlamentarias. La situación fue vinculada además con pagos pendientes del Ejecutivo Municipal a proveedores que abastecen al Concejo Deliberante.

Uno de los puntos mencionados fue una deuda con proveedores del rubro librería. Desde la Presidencia del cuerpo se planteó que la falta de esos elementos generaba una "imposibilidad material y administrativa" para sesionar con normalidad.

La discusión, por lo tanto, no quedó limitada a una cuestión administrativa interna. La decisión derivó en un nuevo cruce político entre el Concejo Deliberante y el Ejecutivo Municipal de Río Gallegos, en un escenario donde ambos poderes mantienen diferencias respecto del manejo de recursos y de las responsabilidades administrativas.

Daniela D'Amico, presidenta del Concejo Deliberante, sostiene que la falta de insumos afecta directamente la posibilidad de desarrollar las tareas legislativas.

La respuesta del Municipio y el fondo fijo de $2,5 millones

El Municipio respondió mediante una nota formal dirigida a la Presidencia del Concejo Deliberante. Allí, según explicó el secretario municipal Diego Robles, se calificó el planteo como "improcedente e inentendible" y se cuestionó que se atribuyera al Ejecutivo la responsabilidad por la provisión de elementos que, de acuerdo con su interpretación, deben ser gestionados por la propia administración del Poder Legislativo.

Robles planteó que el Municipio no conoce cuáles son exactamente los insumos que el Concejo considera indispensables para realizar una sesión. Incluso utilizó como ejemplo la diferencia entre necesitar una resma de hojas y requerir diez cajas, para remarcar que el planteo presentado no precisaría cantidades ni proveedores concretos.

En diálogo con Radio Nuevo Día, el funcionario sostuvo que la gestión administrativa de las compras corresponde al propio Concejo Deliberante. Esto incluye, según explicó, solicitar presupuestos, realizar los procedimientos administrativos correspondientes y avanzar con concursos de precios, compulsas o contrataciones directas, según el tipo de adquisición.

La discusión tiene un elemento concreto señalado por el Municipio: el Concejo Deliberante dispone de un fondo fijo para gastos de funcionamiento. Robles aseguró que ese fondo asciende a $2,5 millones y que está destinado precisamente a elementos de consumo directo, entre ellos productos de librería.

Según detalló, el mecanismo consiste en utilizar ese dinero para los gastos autorizados, rendir los comprobantes correspondientes y solicitar luego la reposición. El funcionario explicó que cuando se utiliza más del 70% del fondo, puede presentarse la rendición para que Tesorería reintegre los recursos.

"Si lo gastaste, rendilo", resumió Robles durante la entrevista, al explicar que el mecanismo permitiría volver a contar con el dinero para afrontar nuevos gastos.

Desde la mirada del Ejecutivo, por lo tanto, la existencia de ese fondo plantea una diferencia sustancial con el argumento utilizado para suspender el orden del día: el Municipio considera que el Concejo tiene una herramienta financiera específica para resolver gastos cotidianos de funcionamiento.

Un conflicto que se suma a otras diferencias políticas

Robles también recordó que no sería la primera vez que aparece una discusión de características similares. Según relató, meses atrás el Ejecutivo había recibido un reclamo vinculado con el pago de un expediente de un proveedor, pero sostuvo que en aquel momento el trámite todavía no estaba en condiciones de ser abonado y que incluso había documentación que permanecía dentro del propio circuito administrativo del Concejo.

Para el funcionario, el conflicto tendría entonces también un componente vinculado con la gestión de los expedientes: el Concejo debe completar los procedimientos administrativos y recién cuando un expediente está en condiciones de pago interviene el área correspondiente del Ejecutivo Municipal.

La controversia se produce además en un contexto económico que el propio Robles describió como complejo para los municipios. El secretario municipal sostuvo que la caída del nivel de actividad y de la recaudación genera dificultades para cumplir en tiempo y forma con todas las obligaciones y proveedores.

"Pretender que Río Gallegos sea un vergel mientras todo el resto se cae a pedazos" no se corresponde, según su mirada, con el escenario económico general que atraviesan el país, la provincia, los municipios, los comercios y los vecinos.

El funcionario cuestionó, además, que la discusión por los insumos del Concejo ocupe el centro de la agenda política mientras Santa Cruz atraviesa otros conflictos institucionales y económicos de mayor alcance.

La disputa deja ahora planteado un interrogante concreto: si la sesión prevista para el jueves 3 podrá desarrollarse con normalidad o si la suspensión del orden del día continuará generando cruces entre la Presidencia del Concejo y el Ejecutivo Municipal.

Más allá de las posiciones enfrentadas, el punto central de la discusión es quién debe garantizar los elementos necesarios para el funcionamiento cotidiano del cuerpo y cómo se utilizan los recursos asignados para ese objetivo. Mientras D'Amico sostiene que existe una imposibilidad administrativa vinculada con la provisión de insumos, el Municipio afirma que el Concejo cuenta con mecanismos propios para realizar esas compras y con un fondo fijo destinado específicamente a gastos de funcionamiento.