Proponen castigar con más dureza el uso del celular en siniestros viales

En medio del desmantelamiento de organismos nacionales dedicados al control y la prevención en las rutas, se presentaron dos proyectos de ley en el Congreso para reforzar la seguridad vial y responder a una problemática creciente: el uso del celular al volante y la falta de responsabilidad legal frente a los siniestros. Las propuestas apuntan a modificar tanto el Código Penal como la Ley Nacional de Tránsito, en línea con los reclamos de familiares de víctimas y especialistas en la materia.

La primera iniciativa busca aplicar penas más severas a quienes provoquen la muerte de otra persona al conducir utilizando teléfonos, auriculares u otros dispositivos electrónicos. La modificación alcanzaría el artículo 84 bis del Código Penal, incorporando esta conducta como una agravante, junto con la inclusión de la palabra "impericia" -hoy ausente- y la figura de "homicidio culposo calificado por la concurrencia de agravantes".

Desde el entorno impulsor del proyecto explicaron que la propuesta nace del pedido de familiares de víctimas que murieron en siniestros causados por distracciones tecnológicas. El objetivo: que la justicia contemple la gravedad real de estos casos y que la ley avance en protección de la vida en las rutas.

La segunda iniciativa acompaña este enfoque con un cambio clave en la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449: dejar de usar el término "accidente" y reemplazarlo por "incidente vial". Se trata de un cambio conceptual profundo que busca desterrar la idea de inevitabilidad en los siniestros viales y subrayar que la mayoría de estos hechos son evitables y producto de decisiones humanas.

"El lenguaje también construye impunidad", señalaron fuentes legislativas que acompañan el proyecto, y advirtieron que la permanencia de la palabra "accidente" tanto en la ley como en los medios de comunicación refuerza una visión errónea y peligrosa sobre este tipo de hechos.

Las propuestas legislativas llegan en un contexto alarmante: rutas nacionales deterioradas, controles desmantelados y organismos clave eliminados por el Gobierno Nacional. En ese escenario, el Congreso busca abrir el debate para sancionar conductas peligrosas y avanzar hacia un sistema vial más justo y seguro. (Fuente: El Diario Nuevo Día)