Proponen una ley para garantizar fondos a las universidades nacionales

En respuesta a la crítica situación presupuestaria que enfrentan las universidades nacionales, se presentó un proyecto de ley en el Congreso que busca asegurar el financiamiento sostenido y progresivo del sistema de educación superior público en la Argentina. La propuesta establece una serie de mecanismos para recomponer salarios, garantizar funcionamiento y ampliar programas de becas, en línea con los reclamos surgidos de la histórica Marcha Federal Universitaria del 23 de abril pasado.

Entre los principales ejes del proyecto, se destaca la creación de una "Proporción Universitaria" para financiar sueldos y gastos operativos. Esta proporción se calcularía en base a los ingresos nacionales coparticipables y se aplicaría mensualmente sin afectar la distribución a provincias. El objetivo es dotar de estabilidad y previsibilidad al sistema universitario.

Además, la iniciativa fija metas claras: alcanzar un presupuesto equivalente al 1,5 % del Producto Bruto Interno (PBI) para el año 2031. Este incremento será gradual, comenzando con un 1 % en 2026 y subiendo año a año. El artículo 10 del proyecto detalla el cronograma de crecimiento de la inversión en educación universitaria.

La ley también propone la creación de un fondo anual de 10 mil millones de pesos para impulsar carreras estratégicas, con foco en áreas con vacancia territorial o vinculadas a inteligencia artificial, y la ampliación progresiva de las becas universitarias, como PROGRESAR y Manuel Belgrano. Ambas medidas apuntan a garantizar el derecho a la educación superior gratuita y de calidad, especialmente para sectores vulnerables.

Uno de los puntos centrales es la obligación del Poder Ejecutivo Nacional de convocar a paritarias docentes y nodocentes cada tres meses, con actualizaciones salariales que no pueden ser inferiores a la inflación publicada por el INDEC. "Hoy, más del 70 % de los trabajadores universitarios están por debajo de la línea de pobreza", advierte el texto, que además remarca la pérdida de un 30 % del salario real en el último año.

En los fundamentos, el proyecto señala que desde enero de 2024 se acumula una pérdida del 134 % en términos reales para el presupuesto universitario, debido a la prórroga del presupuesto 2023 sin actualización inflacionaria. Este recorte afectó tanto el funcionamiento básico de las instituciones como la continuidad de programas de extensión, investigación y docencia.

El documento enfatiza que "la universidad pública argentina ha sido históricamente un motor de movilidad social y desarrollo" y sostiene que garantizar su financiamiento es una obligación ética, legal y estratégica del Estado nacional. También propone mejoras en infraestructura universitaria y la creación de un Boleto Educativo Federal para favorecer el acceso de estudiantes de todo el país.

La ley se enmarca en lo estipulado por la Constitución Nacional, la Ley de Educación Nacional y tratados internacionales ratificados por la Argentina, que reconocen la educación superior como un derecho humano y un bien público. Por eso, el proyecto insiste en que no puede haber política de ajuste que recorte el futuro del país y de sus nuevas generaciones.

Desde distintos sectores académicos y gremiales celebraron la presentación del texto y exigen su pronta aprobación. La comunidad universitaria sigue atenta, esperando una respuesta que garantice no solo el funcionamiento de las casas de estudio, sino también el pleno ejercicio del derecho a aprender y enseñar. (Fuente: El Diario Nuevo Día)