¿Qué es la "segunda oportunidad" para deudores en Argentina?

La "segunda oportunidad" para deudores es un proyecto de ley que busca crear un Programa Nacional de Alivio de Deuda Personal para hogares con deudas de consumo. La iniciativa todavía no es ley: figura como expediente 1280-D-2026 y fue girada a las comisiones de Defensa del Consumidor, Justicia y Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados.

El objetivo es que una persona endeudada pueda sentarse con sus acreedores, como bancos, tarjetas, fintech o proveedores de crédito, para renegociar la deuda mediante un procedimiento administrativo, breve y gratuito. Según el texto del proyecto, el plan de pago deberá ser sustentable y compatible con las necesidades básicas del hogar.

La propuesta apunta a equilibrar una relación que muchas veces deja al usuario en desventaja frente a entidades financieras, billeteras virtuales o empresas de cobranzas. En una reunión de comisión, especialistas advirtieron que el endeudamiento de muchas familias ya no se usa solo para consumo ocasional, sino para cubrir gastos básicos.

Qué deudas podrían ingresar al programa

El proyecto incluye deudas de consumo originadas desde el 10 de diciembre de 2023, siempre que registren mora activa. Entre ellas aparecen tarjetas de crédito, préstamos personales y otras formas de financiamiento otorgadas por entidades financieras o proveedores no financieros de crédito.

También podrían incorporarse deudas vinculadas a relaciones de consumo y servicios públicos o privados del hogar, siempre que estén asociadas a bienes y servicios de primera necesidad. Quedan excluidas las deudas hipotecarias o prendarias y las originadas en actividades empresariales o profesionales ajenas al consumo familiar.

Para pedir el ingreso al programa, la deuda debería representar al menos el 30% del ingreso disponible del hogar. En casos de vulnerabilidad, el piso bajaría al 20%. Además, el grupo familiar no debería tener más de un inmueble, bienes suntuarios, ni haber usado antes el beneficio.

La iniciativa presume vulnerabilidad cuando en el hogar se cobra AUH, pensiones no contributivas o jubilación mínima, cuando hay monoparentalidad con menores a cargo, desempleo del principal sostén o residencia en un barrio popular registrado.

Cómo funcionaría el trámite para renegociar la deuda

La persona deudora tendría que presentar una solicitud con carácter de declaración jurada y documentación respaldatoria. El trámite podría iniciarse en formato digital o presencial, según disponga la autoridad de aplicación.

Una vez admitida la solicitud, se suspenderían los procesos de ejecución judicial, las medidas de cobro extrajudicial, los intereses punitorios y los cargos por mora. También se impedirían nuevas registraciones o el agravamiento de la calificación del deudor en registros de morosidad por la deuda incluida.

Luego se abriría una negociación obligatoria por 30 días hábiles, prorrogable por 15 días hábiles más. El procedimiento sería gratuito para el solicitante y se sustanciaría principalmente por medios digitales, aunque con alternativa presencial.

Los acreedores tendrían que informar saldo discriminado, intereses, punitorios, cargos, tasa aplicada, fecha de origen de la obligación, documentación respaldatoria y eventuales refinanciaciones previas. Si no comparecen, podrían recibir multas de hasta seis salarios mínimos, vitales y móviles imputables a favor del deudor.

Para que el acuerdo sea homologado, la cuota total no debería superar el 30% del ingreso disponible del hogar, o el 20% en casos de vulnerabilidad. El plan no podría incluir intereses punitorios ni cargos por mora, y el plazo máximo sería de 60 meses, salvo pedido expreso del deudor.

Si se aprueba el acuerdo o se dicta una reestructuración administrativa, los acreedores deberían eliminar la registración de morosidad vinculada a las deudas incluidas y no podrían avanzar con cobros por fuera del plan aprobado.

Qué tener en cuenta si hoy tenés una deuda

Como el proyecto aún no está vigente, no existe todavía este trámite de "segunda oportunidad". Mientras tanto, ante problemas con tarjetas, préstamos o productos financieros, el camino oficial es reclamar primero ante la entidad y pedir número de reclamo.

Si no hay respuesta o la solución no es satisfactoria, el usuario puede acudir al BCRA cuando se trate de productos o servicios financieros regulados. El Banco Central indica que el reclamo funciona como segunda instancia y exige haber reclamado antes ante la entidad.

También se puede iniciar un reclamo ante Defensa del Consumidor por bancos, servicios financieros, facturación de servicios, telefonía, internet y otros consumos. El trámite se realiza por la Ventanilla Federal Única y es gratuito.

Preguntas frecuentes

¿La segunda oportunidad para deudores ya está vigente?
No. Por ahora es un proyecto de ley en Diputados. Debe avanzar en comisiones, ser tratado y aprobado por el Congreso para convertirse en ley.

¿El Estado pagaría las deudas?
El texto no plantea que el Estado pague las deudas. Propone un procedimiento para renegociarlas y ordenar planes de pago sustentables.

¿Qué deudas entrarían?
Principalmente deudas de consumo, como tarjetas de crédito, préstamos personales y financiamiento de entidades financieras o proveedores no financieros de crédito.

¿Se borrarían las deudas automáticamente?
No. La propuesta apunta a reestructurar la deuda, suspender punitorios y ordenar un plan de pago. La eliminación del registro de morosidad aplicaría sobre las deudas incluidas una vez homologado el acuerdo o notificada la determinación administrativa.

¿Quiénes tendrían prioridad?
El proyecto contempla situaciones de vulnerabilidad, como hogares que cobran AUH, pensiones no contributivas, jubilación mínima, familias monoparentales, personas desempleadas o residentes en barrios populares.

¿Qué hago si una financiera o billetera me cobra cargos que no entiendo?
Conviene pedir el detalle de la deuda por escrito, guardar resúmenes y comprobantes, hacer el reclamo formal ante la entidad y conservar el número de reclamo. Si no hay respuesta, se puede recurrir al BCRA o a Defensa del Consumidor.