Qué probó la Justicia en la causa en la que recibieron condenas firmes Lázaro Báez, su hijo y demás imputados, y cómo impacta en Cristina

En una decisión de alto impacto político y judicial, la Corte Suprema de Justicia dejó firmes el pasado 29 de mayo las condenas en la causa conocida como "la ruta del dinero K", al rechazar por mayoría los recursos de apelación presentados por los principales implicados, entre ellos el empresario santacruceño Lázaro Báez.

El fallo fue firmado por los ministros Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y los conjueces Mariano Lozano y Ramón Luis González, sorteados para destrabar la definición ante la falta de acuerdo entre los magistrados titulares. Carlos Rosenkrantz votó en disidencia, al considerar que el caso requería mayor análisis y debía ser girado al Procurador General.

La resolución judicial confirma la pena de 10 años de prisión para Báez por el delito de lavado de activos agravado. También se confirmaron las condenas para su hijo Martín Báez (6 años y medio), Leonardo Fariña (3 años y 6 meses), Daniel Pérez Gadín y Jorge Chueco (6 años), Julio Mendoza (5 años), y Fabián Rossi, César Fernández y Juan De Rasis (4 años y medio), entre otros.

Actualmente, Báez cumple arresto domiciliario con tobillera electrónica, pero tras este fallo, el Tribunal Oral Federal N°4 deberá decidir si corresponde ordenar el cumplimiento efectivo de las penas y proceder a las detenciones de los condenados. 

¿Qué probó la Justicia?

Según el fallo del Tribunal Oral Federal N°4, confirmado por la Cámara de Casación y ahora por la Corte Suprema, se probó un entramado de maniobras de lavado de dinero a gran escala, encabezado por Lázaro Báez y ejecutado por personas físicas y jurídicas vinculadas al Grupo Austral.

La operación, considerada compleja y organizada, consistió en un esquema al que denominaron "circuito de expatriación y reingreso de fondos". El mismo involucraba:

• El traslado físico de dinero en efectivo desde Santa Cruz a Buenos Aires, mediante vuelos privados de taxis aéreos.

• La canalización del dinero a través de la financiera SGI ("La Rosadita"), donde se lo transfería a cuentas en Uruguay, y de allí a bancos suizos, usando empresas offshore constituidas en Panamá.

• La posterior "repatriación" del dinero a la Argentina, mediante la compra de bonos de deuda pública nacional, que luego eran vendidos en el mercado local, permitiendo así el blanqueo de los fondos.

La Justicia entendió que los fondos tenían origen en delitos como fraude a la administración pública y evasión tributaria, y que el destino final del dinero fue en parte para adquirir bienes y financiar actividades económicas en el país.

La maniobra fue respaldada con pruebas documentales, movimientos financieros internacionales, grabaciones de cámaras de seguridad, declaraciones testimoniales y la confesión en calidad de "arrepentido" de Leonardo Fariña.

También se impuso el decomiso de más de 54 millones de dólares y se aplicaron multas a las firmas implicadas en el entramado de lavado.

Uno de los ejes de discusión fue la aplicación del delito de auto-lavado, penalizado recién en 2011. Sin embargo, la mayoría de la Corte consideró que el delito era de carácter permanente, lo que permitió aplicar la ley más reciente.

Esta decisión puede convertirse en un antecedente clave para otra causa sensible: "Vialidad", en la que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue condenada a 6 años de prisión por administración fraudulenta. Si la Corte confirma ese fallo antes del cierre de listas de agosto, la líder política quedaría inhabilitada para postularse a cargos electivos.(Infobae)