¿Quiénes son los nuevos jueces de instrucción en Río Gallegos?
Esta semana juraron como nuevos jueces de instrucción en Río Gallegos la Dra. Yamila Jennifer Bórquez y el Dr. Gerardo Antonio Giménez, quienes estarán a cargo de los Juzgados N°2 y N°3. Ambos destacaron su compromiso con una justicia cercana, eficiente y sensible a las necesidades de la sociedad.
La ciudad capital de Santa Cruz cuenta desde este lunes con dos nuevos jueces en el fuero penal. Se trata de la Dra. Yamila Jennifer Bórquez, quien estará a cargo del Juzgado de Instrucción N°2, y el Dr. Gerardo Antonio Giménez, quien asumió como titular del Juzgado de Instrucción N°3.
Ambos magistrados tomaron juramento como jueces de primera instancia en una jornada que marca un paso importante para la renovación institucional del Poder Judicial en la provincia.
Durante su discurso, la Dra. Bórquez expresó la importancia personal y profesional del momento: "Es un momento muy importante de mi carrera porque me preparé durante muchos años para llegar a este lugar y espero dar lo mejor de mí como profesional para brindar el mejor servicio de justicia desde mi juzgado".
Asimismo, manifestó su deseo de impulsar cambios que acerquen el sistema judicial a la ciudadanía: "Quiero un juzgado que esté cerca de la gente, que sea un servicio de justicia más humano. Hay que creer en la justicia. Tiene dificultades, sí, porque la demanda es muy grande, pero funciona y puede dar respuestas".
Por su parte, el Dr. Gerardo Giménez destacó el honor que representa asumir este rol: "Es una gran posibilidad de seguir creciendo y aportar a la justicia desde el conocimiento, el esfuerzo y los cambios necesarios que la sociedad reclama".
Además, adelantó los primeros pasos en su gestión: "Vamos a analizar el estado de situación y generar un diagrama de trabajo que permita dinamizar las cuestiones urgentes, y a la vez constituir otro esquema para abordar temas estructurales".
La incorporación de los nuevos magistrados se da en un contexto donde el fortalecimiento de la justicia penal en Santa Cruz es clave para responder a las demandas sociales y garantizar el acceso a derechos de manera eficiente y transparente. (Fuente: El Diario Nuevo Día)