Reunión en el CFI de gobernadores: menos plata para las provincias y malestar generalizado

El encuentro, que congregó a más de quince gobernadores de diferentes signos políticos, se centró en analizar el fuerte recorte de las transferencias automáticas de Nación a las provincias. Según datos de la Comisión Federal de Impuestos, se proyecta una pérdida de $2,5 billones en 2025, equivalente al 0,3% del PBI, mientras que la caída acumulada respecto de 2023 asciende a $7,4 billones.

A pesar de los números alarmantes y del consenso generalizado sobre la gravedad de la situación, los gobernadores salieron de la reunión sin respuestas concretas del Gobierno nacional. Las provincias reclamaron mecanismos de compensación, un nuevo pacto fiscal y alternativas para financiar obras públicas paralizadas, pero desde Nación ya habían anticipado su rechazo a habilitar nuevos fondos o esquemas especiales.

"El malestar es generalizado", deslizó uno de los gobernadores al salir del encuentro. "Las provincias estamos soportando una caída de ingresos brutal y necesitamos respuestas ya. La recaudación por coparticipación está desplomada, y sin obras públicas no solo se resienten las economías locales, sino también el empleo", agregó.

Los mandatarios destacaron que al menos 12 jurisdicciones dependen en más del 60% de estas transferencias para sostener su funcionamiento, lo que vuelve urgente encontrar soluciones. La preocupación se amplifica al considerar que los ingresos reales vienen cayendo más de 50 puntos respecto del año pasado, producto del impacto inflacionario.

Si bien se valoró el espacio de diálogo, no se logró articular un plan conjunto ni compromisos claros para revertir la situación. "Fue un encuentro importante, pero no alcanzó. Necesitamos respuestas políticas y financieras, no solo diagnósticos compartidos", señalaron fuentes de las provincias patagónicas.

En las próximas semanas, se espera que los gobernadores refuercen su agenda común para llevar un planteo unificado a la Casa Rosada. El desafío es mayúsculo: asegurar recursos que permitan sostener los servicios esenciales, mantener el empleo y evitar el ahogo financiero de las administraciones provinciales.