Negociación policial

Río Gallegos: operativo policial por conflicto habitacional con denuncias de amenazas y presencia de un arma

La Policía de Santa Cruz intervino en un conflicto habitacional en Río Gallegos con denuncias de amenazas y presencia de un arma de fuego. Siete personas fueron desalojadas de una vivienda en calle Provincias Unidas al 400, y los menores quedaron bajo resguardo de la SENAF. La Justicia dispuso una consigna policial fija en el lugar.

Redacción Nuevo Día
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La noche del sábado alrededor de las 21 horas, un fuerte operativo policial se desplegó en calle Provincias Unidas al 400 de Río Gallegos. Una mujer denunció que, al regresar a la vivienda que habitaba, encontró a un grupo de personas que habría ingresado por la fuerza, dañando aberturas, retirando sus pertenencias y amenazándola para impedirle el ingreso.

En el lugar, otra mujer aseguró ser la propietaria del inmueble y explicó que decidió ocuparlo ante la falta de pago del alquiler por parte de la inquilina anterior.

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Operativo policial y presencia de menores

Dentro de la vivienda había siete personas, entre adultos y menores, que se negaban a retirarse de forma voluntaria. Ante la posibilidad de que alguno estuviera armado, la Policía solicitó la intervención del Equipo de Intervención en Crisis y de la División Fuerzas Especiales para garantizar la seguridad y abrir un canal de diálogo.

Como primera medida, los menores fueron retirados y puestos bajo resguardo de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), que los entregó a familiares o responsables legales. Posteriormente, los adultos comenzaron a retirarse de manera progresiva, siendo identificados y trasladados a la comisaría para cumplir con las diligencias judiciales.

Decisión judicial y consigna fija

Por disposición del Juzgado de Instrucción en turno, una de las partes fue autorizada a permanecer en el inmueble bajo acta de constatación. Además, se estableció una consigna policial fija en el lugar hasta recibir nuevas directivas.

Del procedimiento participaron también la Superintendencia de Seguridad, la Dirección General de Operaciones y la Dirección General Regional Sur, en coordinación con diferentes áreas operativas. La fuerza provincial destacó que toda la intervención se llevó adelante bajo lineamientos judiciales, priorizando la seguridad de los involucrados, la protección de los menores y el resguardo del orden público.

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