Santa Cruz alerta por reforma nacional de ley de salud mental

El Órgano de Revisión de Salud Mental de Santa Cruz dio a conocer una declaración institucional en la que fija postura frente al proyecto de reforma de la Ley Nacional N° 26.657. El documento, elaborado en sesión plenaria extraordinaria, advierte sobre el impacto que podrían tener las modificaciones impulsadas a nivel nacional.

Desde el organismo señalaron que el proyecto introduce cambios "en aspectos estructurales del sistema de salud mental, en particular en materia de internaciones, modelo de atención y mecanismos de control". En ese marco, remarcaron que la normativa vigente consolidó un enfoque basado en derechos humanos y atención comunitaria.

Preocupación por cambios en internaciones y controles

Uno de los puntos centrales del pronunciamiento es la posible flexibilización de los criterios de internación. Según el texto, estas modificaciones podrían alterar el equilibrio actual entre intervención sanitaria y garantías individuales.

En ese sentido, indicaron que "las modificaciones propuestas a nivel nacional podrían implicar un desplazamiento del equilibrio actualmente establecido entre intervención sanitaria y garantías de derechos". Además, alertaron sobre cambios en los mecanismos de control institucional que podrían debilitar el rol del propio órgano de revisión.

También manifestaron inquietud por eventuales limitaciones en la participación de usuarios del sistema, lo que afectaría el carácter "autónomo, interdisciplinario y multisectorial" del organismo.

Falta de recursos y pedido de políticas sostenidas

El documento también pone el foco en las dificultades que enfrenta el sistema de salud mental en la provincia. Allí se aclara que los problemas no responden al marco normativo, sino a su implementación.

"El organismo considera que las dificultades verificadas no se vinculan con deficiencias estructurales del marco normativo vigente, sino con limitaciones en su efectiva aplicación", sostiene el texto, apuntando a la falta de recursos y de políticas públicas sostenidas.

Finalmente, reafirmaron su compromiso con el paradigma actual y plantearon la necesidad de generar instancias de diálogo institucional. "Es necesario promover espacios que permitan analizar de manera integral el impacto de las reformas, resguardando los derechos de las personas usuarias", concluyeron. (Fuente: El Diario Nuevo Día)