Santa Cruz: quiénes son los jueces denunciados por violencia y qué dijo la secretaria general del gremio judicial

La Asociación de Trabajadores Judiciales de Santa Cruz encendió las alarmas sobre el funcionamiento interno del Poder Judicial provincial. A través de una publicación pública en sus redes sociales, el gremio difundió un "mapa de denuncias" que expone con nombre y apellido a al menos 15 funcionarios judiciales, entre ellos jueces, fiscales, defensores y secretarios, acusados de violencia laboral, abuso de poder y graves irregularidades en sus funciones.

"Lo que está en juego es la salud mental de los trabajadores judiciales, pero también la transparencia institucional y el deber de los magistrados de rendir cuentas", expresó Alejandra Beroiz, secretaria general de ATE Judiciales, en una entrevista con el programa "Arriba el Día", por Radio Nuevo Día FM 100.9.

La dirigente explicó que, pese a la creación de una Oficina de Bienestar Laboral impulsada originalmente por el gremio, el Tribunal Superior de Justicia la convirtió en una instancia puramente preventiva, sin poder sancionador y sin participación sindical. "Cuando un trabajador denuncia violencia laboral, el informe se eleva al mismo tribunal que debe investigar a sus propios integrantes. Eso impide cualquier tipo de objetividad", advirtió.

Nombres, localidades y causas frenadas

En el listado de casos hechos públicos figuran nombres como el fiscal José Antonio Chan, Reneé Fernández, Adriana Peralta, Cecilia López y la jueza Marcela Quintana en Río Gallegos; Eduardo Quelín en Las Heras; Noelia Ursino y Daniela Albornoz en Puerto Santa Cruz; Rosa González y Astrada Zari en Caleta Olivia; y Camila Rumi, quien, según el gremio, renunció antes de enfrentar un proceso de jury.

También se menciona a Leonardo Cimini en Las Heras, Ariana Granero en El Calafate, y a Betina Bustos en Río Turbio, entre otros. En Caleta Olivia, se sumó la defensora Ximena Villares, señalada por violencia laboral. "Son funcionarios que, en muchos casos, acumulan años de denuncias sin consecuencias", sostuvo Beroiz.

Uno de los casos más conocidos es el del fiscal Chan, mencionado en escuchas durante la investigación de "la ruta del dinero K" y vinculado empresarialmente al entorno de Lázaro Báez. "El sindicato presentó estos antecedentes al Tribunal, pero no hubo ninguna resolución judicial ni institucional", señaló.

El rol del Tribunal y el freno institucional

Según Beroiz, el mayor obstáculo para que los casos avancen está en el mecanismo de jury de enjuiciamiento. "La ley vigente, ahora suspendida por una cautelar, establece que el Tribunal Superior debe determinar si hay causal para iniciar el proceso. En la práctica, eso significa que los propios jueces frenan los juicios contra sus colegas", explicó.

Para el gremio, la estructura actual del Poder Judicial impide sancionar a funcionarios que ejercen violencia o incumplen sus deberes. "La Justicia de Santa Cruz lleva décadas sin independencia del poder político. Y el Consejo de la Magistratura, que podría ser una instancia de control, no garantiza participación ciudadana real ni transparencia", denunció Vero.

Reforma judicial y participación social

Judiciales impulsa una reforma profunda del sistema de designación y evaluación de magistrados, con audiencias públicas, presencia de organizaciones sociales y publicidad de los procesos. "No puede ser que quien juzga al ciudadano no sea juzgado nunca. Democratizar la justicia es dar voz a la sociedad en un poder que históricamente ha funcionado de espaldas a la gente", enfatizó.

Tras la publicación del mapa de denuncias, el gremio espera respuestas concretas del Tribunal Superior de Justicia. "Nuestra expectativa es que se activen los procesos pendientes. Que se investigue, que se escuche a los trabajadores y que, si hay responsabilidad, se sancione. La impunidad no puede ser la regla dentro del Poder Judicial", concluyó.

Desde El Diario Nuevo Día, accedimos al mapa completo publicado por Judiciales, disponible también en eldiarionuevodia.com.ar, donde se detallan los nombres, cargos y sedes judiciales involucradas. (Fuente: El Diario Nuevo Día)