Santa Cruz recibió $100.000 millones de Nación y aseguran que no afectará a los municipios
El ministro de Economía de Santa Cruz, Ezequiel Verbes, confirmó que el Gobierno provincial obtuvo un adelanto financiero de $100.000 millones de Nación para garantizar el pago de salarios y sostener el funcionamiento del Estado, sin afectar la coparticipación que reciben los municipios, en medio de un contexto de fuerte presión fiscal.
En medio de una delicada situación fiscal, el Gobierno de Santa Cruz gestionó ante Nación un adelanto financiero de $100.000 millones destinado a cubrir compromisos inmediatos, principalmente el pago de salarios. Según se informó, se trata de una asistencia extraordinaria que será reintegrada dentro del mismo ejercicio fiscal.
El ministro de Economía, Infraestructura y Finanzas, Ezequiel Verbes, llevó tranquilidad a las intendencias al asegurar que la medida no impactará en los recursos locales. "Esto no afecta en lo más mínimo la coparticipación de los municipios; es una herramienta que nos permite cumplir en tiempo y forma con jubilados y trabajadores activos", afirmó.
Un alivio en un escenario de presión fiscal
El desembolso nacional llega en un contexto de fuerte tensión sobre las cuentas públicas, marcado por la caída de ingresos y el aumento de las demandas de gasto. Ante este panorama, la Provincia recurrió a mecanismos de financiamiento de corto plazo para sostener su funcionamiento.
Verbes explicó que estas gestiones responden a una administración diaria de los recursos. "Se trata de garantizar la continuidad de servicios esenciales como salud, educación y seguridad en un contexto complejo", indicó, en referencia a la necesidad de priorizar el uso de los fondos disponibles.
Servicios esenciales y el desafío a futuro
El Ejecutivo provincial puso el foco en asegurar la operatividad de áreas críticas, evitando interrupciones en sectores sensibles. "La instrucción del gobernador es ordenar las cuentas, porque eso se traduce directamente en insumos y atención en hospitales", sostuvo el ministro.
Con un déficit proyectado cercano a los $339.000 millones, el Gobierno también insiste en la necesidad de avanzar con una Ley de Emergencia que permita reorganizar prioridades. En paralelo, se trabaja en estrategias para fortalecer la actividad económica y generar recursos propios que reduzcan la dependencia de asistencias transitorias.
Mientras tanto, la prioridad continúa siendo garantizar el pago de salarios y jubilaciones, cuyo cronograma se mantiene conforme a lo establecido por ley. (Fuente: El Diario Nuevo Día)

