"Sin agua no hay desarrollo posible": más de 25 ONG advierten que modificar la Ley de Glaciares sería "inconstitucional"

Más de 25 organizaciones de la sociedad civil manifestaron el jueves 4 de diciembre de 2025 su "profunda preocupación" ante la posibilidad de reformar la Ley 26.639, que protege los glaciares y el ambiente periglacial en Argentina. Entre las firmantes se encuentran FARN, Greenpeace, Abogados Ambientalistas,  Vida Silvestre, Banco de Bosques, Asamblea Jáchal No Se Toca y Aves Argentinas, entre otras. 
En el documento difundido, las entidades coincidieron en que es necesario "reafirmar los fundamentos técnicos, científicos y jurídicos" que dieron origen a la norma, sancionada en 2010 tras un amplio consenso social y legislativo. "Sin agua, no hay desarrollo posible", remarcaron.

Una norma clave para reservas de agua en un contexto crítico

La Ley de Glaciares es considerada una herramienta central para la gestión del agua en un país donde buena parte del territorio depende de reservas de alta montaña. Las organizaciones recordaron que el retroceso acelerado de los glaciares por efecto del cambio climático vuelve aún más necesaria la protección vigente.

"El intento de modificarla habilitaría actividades económicas de alto impacto, especialmente la minería de gran escala, en un ecosistema extremadamente vulnerable", señalaron. También subrayaron que los glaciares y el ambiente periglacial actúan como un sistema único que "almacena, regula y sostiene el agua que abastece cuencas completas, humedales y comunidades".

Además, destacaron el trabajo del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) y pidieron fortalecer su presupuesto para garantizar la continuidad del Inventario Nacional de Glaciares y las tareas de monitoreo.

Alertan sobre retrocesos ambientales e ilegalidad de una reforma

En el documento, las organizaciones afirmaron que la ley no impide el desarrollo económico, sino que lo ordena para evitar daños irreversibles en áreas donde el agua es escasa y cumple roles ambientales y sociales irremplazables.
Advirtieron también que cualquier intento de reducir su nivel de protección sería "ilegal e inconstitucional", ya que violaría el principio de no regresión ambiental establecido en el Acuerdo de Escazú (Ley 27.566). "Debilitar la normativa significaría perder reservas hídricas estratégicas y comprometer la vida de comunidades enteras", remarcaron las entidades.