"Tenemos derecho a ser escuchados": organizaciones ambientales denuncian que se quiere limitar la participación en la audiencia por la Ley de Glaciares

La audiencia pública convocada por la Cámara de Diputados para debatir posibles cambios en la Ley de Glaciares generó una convocatoria inédita. Más de 40.000 personas de todo el país se registraron para participar del proceso previo al tratamiento legislativo.

Organizaciones de la sociedad civil señalaron que se trata de un número histórico de participantes interesados en expresar su posición sobre una normativa considerada clave para la protección ambiental.

Reclamo por transparencia en el proceso

En ese contexto, distintas entidades ambientales presentaron un pedido de información al presidente de la Cámara de Diputados para conocer cómo se desarrollará la audiencia y de qué manera se garantizará la participación de quienes se anotaron.

El pedido busca saber "cuántas personas están inscriptas, quiénes moderarán la audiencia, el orden real de inscripción, el cronograma de exposiciones, cuántas personas participarán de manera presencial y cuántas de forma virtual y si habrá veedores independientes".

Según indicaron, la solicitud se fundamenta en el principio de máxima participación pública contemplado en el reglamento de audiencias públicas y en el Acuerdo de Escazú.

"Sin participación real, no hay justicia ambiental"

Las organizaciones también manifestaron preocupación ante la posibilidad de que se limite la intervención de los participantes registrados.

"Todas las personas registradas tienen derecho a hablar y ser escuchadas. Las comisiones pueden ordenar el desarrollo de la audiencia, pero no decidir quién puede participar y quién no", señalaron en un mensaje difundido en redes sociales.

Además recordaron que el artículo 114 bis del reglamento de la Cámara de Diputados establece que las audiencias públicas deben regirse por principios de oralidad, participación y simplicidad para garantizar la intervención de la ciudadanía.

En esa línea, remarcaron que "la participación no puede ser limitada arbitrariamente", ya que se trata de un derecho respaldado por la Constitución Nacional, la Ley General del Ambiente y el Acuerdo de Escazú, y concluyeron con una advertencia: "Sin participación real, no hay justicia ambiental".