Tensión institucional en Santa Cruz: la denuncia de los vocales del TSJ, el "avasallamiento", crisis presupuestaria y contestación al Gobierno
Cuatro vocales del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la provincia de Santa Cruz emitieron un duro comunicado en el que exponen una profunda crisis institucional generada por la reciente ley que amplió el número de miembros del cuerpo, a la par que denuncian un supuesto desfinanciamiento sin precedentes del Poder Judicial.
El documento, firmado por cuatro vocales del Tribunal, califica la situación de "inédita" y sostiene que la conflictividad política y judicial es una "consecuencia del desconocimiento del sistema republicano de división de poderes".
Judicialización y Desacato por la Ley de Ampliación
El eje central de la disputa es la Ley N° 3949, sancionada por la Cámara de Diputados el 28 de agosto de 2025, que amplió de cinco a nueve el número de vocales del TSJ. La controversia se disparó tras la intervención del Poder Judicial para frenar el proceso, una medida que, según los vocales, fue abiertamente ignorada por el Poder Legislativo.
Ayer en sesión especial, la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Cruz resolvió otorgar su aprobación para que los abogados Gabriel Nolasco Contreras Agüero y Juan Lucio De la Vega se integren como vocales del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz. El pasado 26 de septiembre, asumieron además, Sergio Acevedo y José Antonio González Nora como vocales del TSJ.
La cronología del conflicto que detallan los vocales:
Medida Cautelar Ignorada: La Asociación Gremial de Empleados Judiciales (AGJ) interpuso una acción de inconstitucionalidad contra la Ley 3949. Esto derivó en una medida cautelar del juez de Primera Instancia, que ordenó a la Cámara de Diputados abstenerse de dar tratamiento a las ternas enviadas por el Poder Ejecutivo hasta tanto se resolviera la cuestión de fondo.
Denuncia Penal por Desobediencia: A pesar de la cautelar vigente, los vocales señalan que la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara sesionó y decidió no acatar la orden judicial. Esta acción fue interpretada como una violación legal, resultando en una denuncia penal contra los diputados por los delitos de Desobediencia y Usurpación y Abuso de Autoridad.
Jura Cuestionada: La tensión escaló el 26 de septiembre. Los vocales denuncian que el entonces Presidente del TSJ, Daniel Mariani (a quien removieron) se encontraba de licencia por enfermedad, se reincorporó y ordenó la jura de los dos nuevos vocales designados, en un acto que el comunicado tacha de "manifiestamente nulo" por no acatar la medida cautelar.
Respuesta del TSJ: La mayoría del Tribunal (los cuatro vocales firmantes) ratificó las resoluciones que ordenaban suspender el trámite de las ternas. Afirman que los actos de la jura y la reincorporación fueron tomados de manera "unilateral y sin la debida comunicación", y carecen de "fundamento, impedía efectivizar los juramentos, sin haber sometido el asunto al conocimiento y deliberación del cuerpo".
Los firmantes sostienen que su posición se basa en el "respeto de los derechos de los ciudadanos y la sociedad" y en una "cuestión institucional de protección de la seguridad jurídica", rechazando cualquier intento de condicionar o desmoralizar la institución.
Alarma por el Desfinanciamiento
Paralelamente a la crisis institucional, el comunicado detalla la dramática situación económica del Poder Judicial, señalando que la falta de recursos pone en riesgo la prestación del servicio.
Recortes Salvajes: El presupuesto ya aprobado para el ejercicio 2025 fue reducido en un 38% respecto a la estimación. La situación se agrava con el presupuesto proyectado para 2026, que plantea una reducción adicional del 31% sobre el ya escaso presupuesto de 2025.
Falta de Cumplimiento de Obligaciones: El Tribunal subraya que la reducción presupuestaria es "irreflexiva" y que "ni se afecta el desarrollo del servicio de justicia, ni tampoco se asigna el financiamiento necesario para hacer frente a las obligaciones comprometidas".
Emergencia Edilicia e Informática: Como prueba del desfinanciamiento, los vocales recuerdan la Declaración de Emergencia Edilicia e Informática que el propio TSJ se vio forzado a emitir en junio de 2025, debido a la falta de espacios físicos y de herramientas adecuadas para el trabajo diario.
Las firmas
El comunicado está fechado en Río Gallegos el 8 de octubre de 2025 y es suscripto por cuatro miembros del Tribunal Superior de Justicia, quienes actualmente detentan la presidencia y la mayoría del cuerpo tras una reciente reconfiguración interna:
Reneé G. Fernández (Presidenta)
Alicia Mercau (Vocal)
Paula Ludueña Campos (Vocal)
Fernando Basanta (Vocal)

