Tras el fallo, buscan rematar bienes de Cristina Kirchner y Lázaro Báez

El fallo reciente de la Corte Suprema que confirmó la condena contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por la causa Vialidad generó un nuevo escenario judicial: en los próximos días podrían rematarse más de 20 inmuebles vinculados al patrimonio de la exmandataria y del empresario santacruceño Lázaro Báez.

El fiscal Diego Luciani ya anticipó que solicitará formalmente que los condenados devuelvan los fondos defraudados al Estado nacional. De no hacerlo en un plazo de 10 días hábiles, se iniciará el proceso de ejecución de bienes que incluye propiedades, cuentas bancarias y sociedades.

Según los datos judiciales, la maniobra fraudulenta investigada superó los 85 mil millones de pesos. Más del 50% de las obras viales adjudicadas a Báez en la provincia de Santa Cruz fueron abandonadas, pese a que el empresario cobró la totalidad de los contratos. El promedio de avance de esos proyectos fue escaso: entre el 16% y el 36%, revelaron los peritajes técnicos.

En el caso de Cristina Kirchner, la Justicia apunta a 27 propiedades, cinco cocheras en el exclusivo Madero Center, y las sociedades Hotesur y Los Sauces, que manejan hoteles y bienes inmobiliarios, en su mayoría radicados en la provincia de Santa Cruz, donde comenzó el vínculo político y comercial entre la exmandataria y Báez.

De no restituir los fondos, también podrían ser embargados los bienes de sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner. En este sentido, se encuentran retenidos 4,6 millones de dólares pertenecientes a Florencia en Hotesur, y otro millón de dólares en una cuenta a su nombre.

El empresario Lázaro Báez, oriundo de Santa Cruz y figura clave en la trama, también afronta la ejecución de al menos 60 propiedades, muchas de ellas ubicadas en el sur del país. El avance sobre su patrimonio es parte de una estrategia judicial para intentar recuperar parte del daño económico causado al Estado.

Este proceso había quedado paralizado durante el gobierno de Alberto Fernández, pero con la ratificación del fallo por parte de la Corte, se reactiva con fuerza la exigencia de resarcimiento económico.

En paralelo, otro escándalo sacudió la escena política esta semana. Se conoció que el exdirigente de La Cámpora, José Ottavis, creó una asociación civil en Corrientes llamada "Amarte Argentina", que recibió 11 mil millones de pesos del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) para obras que no se concretaron. El monto en cuestión es ocho veces menor que el desfalco imputado en la causa Vialidad, lo que dimensiona la magnitud del fraude.

Fuente: TN.COM.AR