Un aumento millonario, una orden de freno y una Corte partida: Mariani no convalidó la suba de salarios de la Justicia de Santa Cruz

El Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz volvió a quedar en el centro de la escena política e institucional. Esta vez, por una resolución que dispuso un aumento salarial escalonado del 42% para magistrados y funcionarios, medida que fue inmediatamente bloqueada por el presidente del cuerpo, Daniel Mariani, quien ordenó que no se liquide ningún incremento.

La decisión salarial había sido adoptada por un sector del tribunal encabezado por la vocal Reneé Fernández. De aplicarse, el esquema aprobado llevaría los ingresos de algunos integrantes de la Corte provincial a cifras cercanas a los 24 millones de pesos hacia octubre.

La orden de Mariani y la nulidad del aumento

A primera hora del miércoles, Mariani firmó una resolución en su carácter de presidente del TSJ y la ingresó al sistema interno del Poder Judicial. Allí instruyó de manera directa al área de Administración General a abstenerse de liquidar cualquier suba salarial.

El fundamento central fue jurídico: el aumento fue aprobado sin reunir la mayoría legal del cuerpo. Según se detalla en el texto, la resolución salarial solo cuenta con cuatro firmas, cuando el Tribunal Superior de Justicia está integrado por nueve vocales. Por ese motivo, Mariani calificó la medida como "inexistente" y "carente de toda validez".

Una Corte ampliada que no se reconoce a sí misma

El conflicto no es nuevo y tiene raíces políticas profundas. En agosto del año pasado, la Legislatura provincial aprobó la ampliación del TSJ de cinco a nueve miembros. Los cuatro nuevos vocales propuestos por el gobernador Claudio Vidal asumieron formalmente y conformaron una nueva mayoría, con Mariani al frente de la Presidencia.

Sin embargo, los cuatro vocales históricos del tribunal desconocieron esa ampliación y continuaron actuando como si el cuerpo siguiera teniendo cinco integrantes. Desde entonces, el máximo órgano judicial de Santa Cruz funciona atravesado por un virtual doble comando que mantiene paralizadas decisiones clave.

Firmas, apelaciones y una resolución cuestionada

La resolución que dispuso el aumento salarial lleva únicamente la firma de Reneé Fernández, Paula Ludueña, Alicia Mercau y Fernando Basanta. En diciembre pasado, ese mismo grupo había declarado inconstitucional la ampliación del Tribunal, convocando para ello a un juez subrogante que les permitió alcanzar una mayoría circunstancial.

Esa decisión fue apelada tanto por los nuevos vocales como por la Fiscalía de Estado de Santa Cruz, por lo que aún no existe una sentencia firme que invalide la ampliación del TSJ. Aun así, el sector que impulsa el aumento continúa actuando como si el tribunal siguiera integrado por cinco miembros.

Libros retenidos y un dato que agrava la crisis

En su resolución, Mariani dejó asentado otro elemento que expone la gravedad institucional del conflicto: denunció que los libros de registro de resoluciones del TSJ se encuentran retenidos, lo que impide a la Presidencia acceder a ellos.

Por ese motivo, el documento firmado este miércoles no consigna datos formales de tomo, folio ni registro, una situación inédita para el funcionamiento normal del máximo órgano judicial de la provincia.

El rechazo del Ejecutivo y una pulseada política abierta

El aumento salarial generó un rechazo inmediato del gobierno provincial. El gobernador Claudio Vidal acusó a los jueces de estar "atrincherados en sus privilegios" y de haber sido "cómplices del saqueo durante 30 años", en una crítica directa al sector judicial vinculado al kirchnerismo.

Mientras tanto, el Tribunal Superior de Justicia permanece empantanado en una disputa interna que excede lo jurídico y se proyecta como uno de los focos más delicados de la crisis institucional en Santa Cruz, sin una salida clara en el corto plazo.

Con información de La Nación