Un militar en Santa Cruz fue condenado por abuso sexual contra sus hijastras: el hostigamiento que soportaron las víctimas

Después de tres años de marchas, denuncias públicas y una intensa lucha familiar, el pasado 25 de junio la Justicia condenó al cabo del Ejército,  JJY a 14 años de prisión por múltiples delitos de abuso sexual contra sus hijastras. El juicio se había iniciado el 17 de junio en la Cuenca Carbonífera.

Según la sentencia, fue hallado culpable de abuso sexual simple agravado por ser el encargado de la guarda, por la convivencia preexistente y por el grave daño a la salud mental, todo ello en concurso real con abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual con acceso carnal en reiteradas oportunidades.

Patricia Ibarra, madre de una de las víctimas, brindó un testimonio contundente en Radio Nuevo Día: "Se hizo justicia. Fueron tres años muy duros, pero conseguimos que la verdad saliera a la luz".

El caso conmocionó a la Cuenca Carbonífera, porque la situación no terminó allí. Ibarra denunció que durante el proceso su familia fue víctima de hostigamientos, tanto por parte del entorno del abusador como en situaciones institucionales que revictimizaban. "Nos tiraban animales muertos, nos insultaban, nos rompían las cubiertas del auto", recordó.

Uno de los episodios más graves ocurrió cuando el cabo, estando detenido en la comisaría de 28 de Noviembre, fue visto en la vereda tomando, a pocos metros de las víctimas. Tras denuncias, la situación cambió. "Con el tiempo, hasta sus propios camaradas se dieron cuenta de lo que era", relató Patricia.

La visibilización del caso fue posible gracias al trabajo de la agrupación "Yo sí te creo", que desde hace años acompaña a víctimas y familias en la Cuenca. "En comunidades chicas cuesta denunciar. Pero mostrar los rostros de los abusadores condenados ayuda a que otros también se animen", sostuvo.

El caso  también visibilizó el rol institucional. Ibarra destacó el apoyo de las autoridades del Regimiento en Rospentek y del Ejército Argentino. "Hasta el comandante de Río Gallegos vino a verme. Fue un apoyo fundamental", señaló.

Aunque la sentencia ya es firme, la familia no cierra el capítulo: Patricia busca remover el apellido del abusador del DNI de la hija que tienen en común, y también iniciará acciones por daños. "El dolor es inmenso, pero seguimos. Por ellas. Por todas".