Una madre en Santa Cruz, reclama desde hace dos años que deriven a su hijo con autismo, se endeudó con un préstamo, y el Defensor Oficial presentó un amparo

La situación de Álvaro Josué Márquez, un adolescente de 14 años con diagnóstico de Trastorno del Espectro Autista (TEA), motivó la intervención urgente de la Defensoría Pública Oficial de Puerto Santa Cruz, que presentó el viernes pasado una acción de amparo contra la Caja de Servicios Sociales de la provincia de Santa Cruz (CSS).

El amparo fue firmado por el defensor público Alfredo H. Joannas, quien también solicitó una medida cautelar de innovar, con el objetivo de que la CSS adopte sin más dilaciones todas las gestiones necesarias para garantizar la continuidad de los tratamientos médicos que Álvaro necesita, y que viene reclamando desde abril sin obtener respuesta.

Pero el reclamo data desde 2023, es decir, aunque los problemas para derivar al niño trascienden la gestión actual, el problema no se resolvió y por eso se determinó la vía judicial.

Según el escrito judicial, el menor -afiliado a la obra social por ser hijo de un trabajador aportante- presenta un cuadro complejo: trastornos hipercinéticos, trastornos de la conducta, retraso mental leve, y trastornos específicos del desarrollo del habla y del lenguaje, todo enmarcado dentro de una modalidad de autismo. Incluso padece epilepsia. Estos diagnósticos constan en un Certificado Único de Discapacidad (CUD) y en varios informes médicos incorporados a la causa.

El tratamiento recomendado por profesionales incluye  rehabilitación fonoaudiología neurolingüística, terapia ocupacional, psicopedagogía con orientación cognitiva y conductual, y orientación familiar, que solo pueden realizarse en un centro de alta complejidad, que en Santa Cruz no hay.  

Según indicó la madre, durante los años anteriores su hijo fue efectivamente derivado a la capital del país, donde pudo iniciar su tratamiento de manera adecuada. Sin embargo, este año la CSS negó esa derivación, argumentando que en Río Gallegos habría centros disponibles, aunque hasta el momento no se designó ninguno y no se asignaron los turnos requeridos.

La madre del menor, Yisela Noemí Bóveda, comenzó a reclamar la renovación de la derivación a un centro especializado en Buenos Aires desde principios de 2024. La ultima derivación fue en 2023. En 2018, la familia debió pedir un préstamo para que su hijo sea tratado en un centro privado: la Fundación INECO (Instituto de Neurología Cognitiva).

En la presentación judicial se hace referencia a múltiples gestiones administrativas realizadas por la madre:

• Nota N° 280/DDCSS/2025 del 3 de abril de 2025, firmada por el Lic. Fausto Fuentes, director de Discapacidad de la CSS, donde se sugiere "autorizar la derivación para iniciar ingresos a centros especializados de esta localidad por el lapso de 6 meses".

• Oficio N° 35/25, 44/25 y 45/25 remitidos por la Defensoría Pública a la CSS entre abril y mayo.

• Nota de respuesta de la CSS del 15/04/25, en la cual la obra social señala que la documentación médica presentada "no indica frecuencia ni periodicidad del tratamiento".

Un dato no menor , es que el 3 de abril, el Director de Discapacidad de la CSS, Ariel Fausto Fuentes, señaló que  "se sugiere autorizar la derivación para iniciar ingresos a centros especializados de esta localidad por el lapso de 6 meses". 

No obstante, la madre adjuntó todos los certificados médicos actualizados con fechas de abril y mayo de 2025, incluyendo informes de pediatría, psiquiatría infanto-juvenil, psicopedagogía y estudios como electroencefalogramas, que remarcan la urgencia del tratamiento. A pesar de ello, la obra social no ha dado respuesta concreta ni autorizado la derivación solicitada, y ha dejado de responder llamadas, según denunció la mujer.

El defensor Joannas advierte que la falta de cobertura constituye una violación al derecho constitucional a la salud, más aún tratándose de un niño con discapacidad, y que los retrasos en la intervención médica podrían provocar un deterioro aún mayor en su desarrollo y calidad de vida. "No se puede permitir que la burocracia institucional cercene el derecho del menor a recibir un tratamiento integral", expresa el escrito, cuyo expediente es 1937/2025.

La medida cautelar solicitada pide que la CSS garantice de inmediato la cobertura del tratamiento, ya sea en un centro de Río Gallegos -siempre que efectivamente exista y esté capacitado- o, en caso contrario, que se ordene su derivación a Buenos Aires, como en años anteriores.

Por último, se remarca que la familia carece de recursos para afrontar los costos de forma privada, razón por la cual la negativa de la obra social deja al menor en un estado de vulnerabilidad y desamparo frente a su futuro, concluye la Defensoría.

El Diario Nuevo Día se comunicó con el área de Derivaciones de la CSS, pero no tuvo respuestas.