Una vecina de Río Gallegos solicita tiempo y asistencia estatal tras un fallo judicial que ordena abandonar su vivienda

Una compleja situación atraviesa Marcela Espinosa, vecina del barrio Juan Domingo Perón de Río Gallegos, quien enfrenta una orden de desalojo a pesar de haber vivido casi dos décadas en el terreno ubicado en la intersección de Gregorio La Madrid y Albert Einstein en el cual residió su cuñado anteriormente y quien por cuestiones de salud debió mudarse y así decidió cederle la vivienda. 

El conflicto se originó tras un fallo judicial que dio lugar al reclamo de un vecino lindante, cuya documentación sí figura en los registros oficiales. En contraste, Espinosa asegura que sus expedientes "desaparecieron" de la Dirección de Tierras municipal, lo que la dejó sin respaldo formal ante la Justicia.

"Nos dicen que el expediente no existe, pero nosotros tenemos planos y pruebas de que vivimos acá hace años", explicó la mujer, evidenciando la incertidumbre que atraviesa su familia.

Una familia en situación vulnerable

La situación impacta directamente sobre sus tres hijas, quienes se encuentran en etapa escolar y terciaria. Espinosa, además, es sostén del hogar y estudiante avanzada, a punto de finalizar su formación como acompañante terapéutica mientras cursa otras carreras vinculadas a la educación.

En este contexto, el desalojo no solo implica la pérdida de la vivienda, sino también un fuerte golpe a la estabilidad familiar. "No pedimos quedarnos para siempre, pero sí tiempo para poder irnos de forma digna", expresó.

La mujer también detalló que el estrés generado por la situación le provocó insomnio y dificultades para continuar con sus estudios, reflejando el impacto emocional del proceso judicial.

Conflicto vecinal y pedido de ayuda urgente

A la problemática legal se suma un conflicto con el vecino demandante, que según denunció la familia incluyó situaciones de hostigamiento e incluso agresiones. Esto llevó a que la convivencia se vuelva insostenible y refuerza la decisión de abandonar el lugar.

"Han pasado situaciones muy feas, incluso con mis hijas. Ya no podemos vivir así", relató Espinosa, quien remarcó que la prioridad es resguardar a su familia.

Actualmente, cuenta con una prórroga de un mes para concretar el desalojo. Sin embargo, asegura que las condiciones del mercado inmobiliario y la insuficiente ayuda estatal dificultan encontrar una alternativa.

Por eso, solicita asistencia concreta: "Necesitamos un terreno o un espacio donde poder trasladar nuestra casa y empezar de nuevo". Mientras tanto, el caso pone en debate el acceso a la tierra, la gestión administrativa y la contención estatal en situaciones de vulnerabilidad. (Fuente: El Diario Nuevo Día)