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Vialidad Nacional al borde de la desaparición: el plan del Gobierno para fusionarla

El Gobierno nacional prepara un decreto para disolver Vialidad Nacional y fusionarla con Corredores Viales y la Agencia Nacional de Seguridad Vial. La medida, impulsada por el Ministerio de Desregulación de Federico Sturzenegger, forma parte de un plan de reestructuración que podría dejar a millas de trabajadores sin empleo y abrir la puerta a la privatización de rutas.

Redacción Nuevo Día
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En una medida que avanza con el hermetismo, el Gobierno nacional trabaja en un decreto que redefinirá por completo el esquema de administración de las rutas en Argentina. La iniciativa contempla la disolución de Vialidad Nacional, Corredores Viales y la Agencia Nacional de Seguridad Vial, fusionándolos en un nuevo organismo que tendrá injerencia sobre toda la red vial del país.

El proyecto es impulsado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, liderado por Federico Sturzenegger, y responde a la intención del presidente Javier Milei de reducir las estructuras del Estado. Según argumentan desde la Casa Rosada, en los tres organismos hay "duplicidad de tareas" y un excesivo número de jerárquicos. En Vialidad, por ejemplo, de los 5304 empleados, más de 1500 ocupan cargos de dirección. Sin embargo, la preocupación central gira en torno a los despidos masivos que podrían generar esta reestructuración.

Un ajuste profundo en la estructura vial
Fuentes cercanas al Ejecutivo revelaron que, tras la fusión, de los más de mil jerárquicos actuales solo quedarían 170. Además, la nueva agencia replicaría el modelo de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, creada en enero de este año con la resolución de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables. La reducción del plantel estatal ya está en marcha: desde diciembre de 2023, la Agencia de Seguridad Vial pasó de 1049 a 717 empleados, y Corredores Viales bajó de 4136 a 3622. En total, unas 10.000 personas dependen de estos organismos y su futuro es incierto.

En Vialidad Nacional, el temor es palpable. "Es cuestión de tiempo, esto va a suceder", afirman fuentes internas. En la Casa Rosada nadie quiere adelantar detalles sobre el decreto, aunque se estima que será una de las últimas grandes medidas de Sturzenegger antes de que concluya su período de facultades extraordinarias a mediados de año.

Privatización y concesiones en la mira
Mientras tanto, el Gobierno ya inició el camino hacia la privatización de rutas. El primer caso es el corredor mesopotámico, que incluye las rutas 12, 14 y 172, conectando Zárate y Campana con Paso de los Libres, uno de los tramos clave del Mercosur. La concesión actual, en manos de Caminos del Río Uruguay (Crusa), vence el 9 de abril y el Ejecutivo analiza qué pasará con los 500 trabajadores que dependen de la empresa, que además se encuentra en concurso de acreedores y podría terminar en quiebra.

Por ahora, el plan es que el Estado se haga cargo temporalmente de la administración a través de Vialidad Nacional o su futura agencia sucesora, hasta que se concrete la concesión a manos privadas. Sin embargo, el proceso aún está lejos de resolverse.

Las demás rutas con peaje están bajo la órbita de Corredores Viales, y cualquier intento de privatización quedó frenado hasta que Vialidad asuma el control total. Ahora, con la disolución de los organismos, el camino parece allanado para que la red de rutas pase a manos privadas en un proceso de concesión que el Gobierno ya tiene en agenda.

¿Quién dirigirá la nueva agencia vial?
Uno de los interrogantes que genera la reestructuración es quién quedará al frente del nuevo ente vial. Marcelo Jorge Campoy es el actual administrador de Vialidad Nacional, pero en los pasillos del poder se menciona a Eduardo "Lule" Menem, hombre de confianza de Karina Milei, como la verdadera figura clave en la toma de decisiones.

La definición sobre la conducción del organismo será clave, ya que de allí se delineará la política de mantenimiento, concesión y administración de rutas en los próximos años.

Un cambio estructural con fuerte impacto
El inminente decreto de Milei marcará un antes y un después en la gestión vial del país. Mientras el Gobierno argumenta que busca mayor eficiencia y ahorro en el gasto público, los sindicatos y trabajadores del sector alertan sobre la posibilidad de despidos masivos y el avance de la privatización de rutas.

Con el reloj en marcha y los detalles aún bajo estricta reserva, la desaparición de Vialidad Nacional ya es prácticamente un hecho. La incertidumbre sobre el futuro de las rutas y de sus trabajadores solo crece con el paso de los días.

(Fuente: Diego Cabot- Diario La Nación)

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