El proyecto de trabajo registrado se debatirá en el recinto el 30 de abril

La iniciativa fue pasada a la firma al finalizar el plenario de las comisiones de Trabajo, Presupuesto y Hacienda y Justicia y Asuntos Penales al que asistió el ministro de Trabajo, Carlos Tomada.

“Vamos a emitir el dictamen hoy. La intención y la voluntad es tratarlo en el recinto el miércoles que viene”, anunció el jefe del bloque de senadores del Frente para la Victoria, Miguel Angel Pichetto.

El senador rionegrino sostuvo que “hay apoyo favorable” para la iniciativa, aunque destacó “algunas miradas en disidencia con respecto a cuestión de sanciones”.

En ese sentido, se refirió a un cuestionamiento hecho por el radical Gerardo Morales, quien si bien destacó que el bloque que él integra “acompañó todos los proyectos sobre trabajo presentados por el Ejecutivo”, echó algunas dudas sobre lo que consideró la “lógica sancionatoria”.

No obstante, el opositor jujeño confió que “el proyecto hace un aporte importante sobre las micro empresas que tienen entre uno y cinco trabajadores”.

En el Salón Azul del Senado el ministro Tomada había mencionado que el objetivo del proyecto es “continuar con la extensión de derechos y con la incorporación de los excluidos y de los más vulnerables que arrancó en mayo de 2003”.

En ese sentido, el funcionario sostuvo que “el trabajo no registrado ha vuelto a ser una anomalía”, aunque aclaró que no cree que el empleo crezca solo por la sanción de esta ley.

Respecto del proyecto, Tomada añadió que “está comprobado que hay un 40 por ciento de empresas formales, todavía, después de 10 años de cambio de paradigma, que mantienen trabajadores no registrados”; y recordó que el índice de trabajo no registrado alcanza al “33 por ciento de los empleados”.

“Necesitamos trabajar sobre un sector de empresas formales y competitivas para que esas empresas formalicen el trabajo no registrado”, dijo Tomada.

El proyecto crea el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales que incluirá a todas las empresas que no registren a sus trabajadores, que contraten a niños o adolescentes fuera de los límites legales y/o que incurran en trata de personas para el trabajo forzado. (Télam)