Impulsan desde Mendoza una ley que regule el alquiler de vientres

Desde hace meses Mendoza se convirtió en un destino de turismo gestacional para concretar el ya conocido "alquiler de vientres”. Hasta aquí llegaban parejas de otras provincias y países que imposibilitadas de poder tener un hijo biológico se veían atraídas por empresas que les ofrecían conseguirles una mujer gestante y hacer todo el proceso a un bajo costo, comparativamente con lo que costaba en otros lares. Ahora ese negocio, y los derivados atropellos a los derechos del bebé y de la misma gestante, podrían ser penados. Es que el jueves la senadora nacional Laura Montero ingresó al Congreso nacional un proyecto de ley para regular la gestación por sustitución.

Este tentador negocio salió a la luz en enero pasado cuando en el Hospital Español nació un bebé cuyos padres biológicos eran una pareja de bonaerenses que habían contactado a una gestante mendocina. Ese caso motivó la primera sentencia de filiación, que salió del Primer Juzgado de Familia con la firma del juez Carlos Neirotti, quien avaló a principios de este mes que aquel bebé tuviera la identidad de sus padres biológicos.

Sin embargo, más allá de ese caso, Diario UNO constató que varias parejas más se habían visto tentadas por las "ofertas” de empresas locales para "alquilar vientres, algo que no tenía regulación alguna, ya que el artículo que lo reglaba se sacó del nuevo Código Civil.

"Estas prácticas ya se hacen en el país; cada vez son más las personas que se someten a este tratamiento y parejas que recurren a esta técnica. Por eso necesitábamos que hubiera una tutela jurídica para todo el proceso, que se garanticen los derechos del niño por nacer y de la gestante y que exista una penalidad expresa para quien no respete el sistema que se crearía con esta ley”, aseguró Laura Montero, quien trabajó el proyecto de ley con Eleonora Lamm, subdirectora de Derechos Humanos de la Corte, y la abogada Andrea Lara, asesora de la vicegobernadora electa.

Requisitos para gestar

El proyecto que ingresó con el número 2.574/15 establece como requisito para la gestación que la mujer gestante no podrá aportar material genético para que se produzca la gestación, debe haber dado a luz al menos un hijo propio y pone como límite que sólo podrá someterse a dos procesos de gestación por sustitución. En tanto, los padres biológicos, también llamados comitentes –puede ser una pareja o una persona sola–, deberán demostrar que tienen imposibilidad de concebir o llevar adelante un embarazo.

También exige que todo proceso de gestación tenga una autorización judicial previa y para ello quienes intervengan deberán acreditar ante un juez los requisitos anteriores y también certificar que alguno de los dos, o los dos, padres biológicos haya aportado material genético para la gestación. Además se exigirá certificado de buena salud física y psíquica de la gestante y que todos recibieron asesoramiento médico y psicológico. Un equipo interdisciplinario (formado por un abogado, un médico clínico, un ginecólogo, un psicólogo y un trabajador social) evaluará si están preparados para enfrentar ese tipo de proceso. Su voluntad será fundamental para que un juez pueda homologar el acuerdo que establecieron los padres biológicos y la gestante, y más tarde la filiación del bebé que nazca de ese acuerdo.

Fin del comercio

"Esta ley sanciona el hecho de que haya intermediarios que lucren con la gestación y para anularlos crea un registro de gestantes, que funcionará como funcionan los registros de adoptantes. Ese registro estará interconectado a nivel nacional y cuando alguien necesite una gestante deberá acudir a ese registro. Además acá quedará la constancia de que cada gestante no pueda hacerlo más de dos veces, para limitar la idea de que esto se convierta en un modo de vida”, especificó Eleonora Lamm.

La letra del proyecto establece que el acuerdo que establecen las partes no podrá ser lucrativo y define una "compensación” económica para la gestante cuyo monto será fijado por el Ministerio de Salud de la Nación. "Esto blanquea esa situación y fija un criterio homogéneo. Yo comparto el criterio de legislaciones europeas en donde se establece que se deben pagar dos o tres salarios mínimos por mes. Esto garantiza que la compensación no signifique que con eso alguien pueda enriquecerse”, puntualizó Lamm.

Infractores presos

En la intención de las autoras de la iniciativa está también sancionar penalmente a quienes no respeten lo establecido en esta ley, para lo cual incorporaría el artículo 139 al Código Penal. Prevé reprimir "con reclusión o prisión de 3 a 6 años e inhabilitación especial por el doble de tiempo al funcionario público o profesional de la salud que facilitare, promoviere o intermediare en la transferencia de un embrión a una persona que sea gestante sin la autorización judicial”, deja por escrito el artículo 23.

"También se penaliza así a los intermediarios. Si alguien pone en contacto a una pareja con un gestante sin actuar con el registro y lo hace de manera habitual o con fines de lucro la pena es de 6 a 12 años de prisión”, concluyó Lamm.