Peligran fuentes de trabajo y el tejido social de miles de pueblos del interior

Las entidades que suscribieron un extenso comunicado reúnen entre sí a más de 600 empresas distribuidoras de electricidad constituidas por dos millones de asociados de quince provincias y que brindan servicios a casi 8 millones de argentinos.

Emitieron un inédito documento en el que manifiestan “profunda preocupación y necesidad de revisión de la decisión gubernamental dispuesta por la Resolución INAES 3442/2018 que establece facturar el servicio eléctrico de manera autónoma e independiente de otros conceptos ajenos”.

La Resolución fue festejada en Twitter por el presidente Mauricio Macri días atrás, quien aparece como el impulsor de la medida, por lo que analistas descontaban que el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Nacional (INAES) no daría marcha atrás con la medida.

Claramente, decir que los usuarios “podían sufrir cortes por falta de pago de conceptos que no estaban relacionados con el suministro de energía” entraña un severo desconocimiento de la naturaleza cooperativa -se trata de asociados- y de la política cotidiana de las entidades solidarias en cada localidad donde los vecinos y las vecinas se autoprestan los servicios públicos en materia de electricidad, gas, agua, cloaca y telefonía, así como otros servicios tales como televisión por cable, internet, sepelio, ambulancias, enfermería, entre otros.

El peso de los argumentos

Las entidades solidarias -que desde hace semanas atrás vienen librando una disputa política por los impuestos que se les pretenden cobrar desconociendo su naturaleza jurídica vía el Presupuesto nacional 2019- reconocen que la medida “atenta contra un sector de la Economía Social y Solidaria que, producto de una historia y desarrollo territorial ha dado solución a través del asociativismo a la prestación de multiservicios, garantizando la calidad de vida, el desarrollo local sostenible, la generación de trabajo genuino y el arraigo de millones de pobladores en el Interior profundo de nuestro país, y que tiene un inmenso prestigio y reconocimiento a nivel nacional, regional y mundial”.

En ese sentido plantean que cada socio y cada socia de las cooperativas deciden “voluntariamente requerir la prestación de un servicio adicional a su cooperativa (ambulancia, sepelio, etc.) y solicita voluntariamente que se la incluya en la factura del servicio eléctrico, como ítem totalmente discriminado de la misma, por lo que es totalmente identificable el concepto que se trate. Esa adhesión lleva ínsita la facultad de solicitar, en cualquier momento, la baja de dicho concepto o servicio”.

Por eso sorprende enormemente en el movimiento cooperativo la invocación a la transparencia para la toma de esta decisión ni que “resulte en la necesidad de que el usuario sea protegido por el Estado por abuso de posición dominante del prestador, puesto que se trata de un servicio que se autoprestan los propios vecinos gestionando de manera democrática su empresa de servicios públicos y sociales”.

La sorpresa de las medidas

Mientras surge la duda de si se trata de desconocimiento de las organizaciones o si es un plan para profundizar las políticas neoliberales de los años ’90, las trece entidades firmantes del documento denuncian que ese accionar “atenta contra esa voluntad asociativa de sus integrantes y pone en serio riesgo, en principio, la continuidad de miles de puestos de trabajo directos e indirectos que giran en torno al cooperativismo de servicios, pero además la posibilidad del cese de importantes prestaciones que hoy se llevan a cabo”.

Finalmente abogando “para que esta medida sea revisada, reivindicando la voluntad de los habitantes del Interior de nuestro país que de manera organizada, con convicción, esfuerzo propio y ayuda mutua han resuelto autoprestarse servicios esenciales”.

Fuente: El Portal de las cooperativas