Salta: se estima que hubo mil casos de abuso sexual infantil en solo ocho meses

urante la primera jornada provincial para asistir a las víctimas y prevenir se conocieron estadísticas que reflejan un incremento en la cantidad de denuncias en 2019.
domingo, 20 de octubre de 2019 · 09:05

Durante ocho meses de 2018 la Asesoría General de Incapaces del Ministerio Público registró 17.100 causas vinculadas a menores de 18 años. En total, unas 5 mil correspondían a casos de violencia familiar y, sobre esta cifra, un 20 por ciento se vinculaba a delitos contra la integridad sexual. Esto implica que son aproximadamente mil los niños y niñas que fueron víctimas de abuso sexual en este periodo.

Las asesora general de Incapaces del Ministerio Público Pupilar de la Provincia, Mirta Lapad, dio a conocer las cifras el martes pasado, en el marco de la primera jornada provincial para prevenir y actuar frente a los abusos sexuales y embarazos en la niñez y adolescencia que se hizo en Salta.

Durante este encuentro de trabajo destinado a los organismos gubernamentales encargados de detectar, asistir y resolver estas situaciones, se analizaron los efectos de la sanción de la ley nacional 27.455, por la cual el abuso sexual infantil dejó de tener la categoría de delito de índole privada y pasó a ser del ámbito público, lo que permite que cualquier persona, incluso en forma anónima, puede denunciar estos casos.

Además, se analizó la aplicación de la ley de educación sexual en la provincia y la puesta en marcha y aplicación del programa Embarazo No Intencional Adolescente (ENIA) a nivel nacional.

"Realmente no podemos saber a ciencia cierta si se denuncia más o se producen más casos. Las mediciones estadísticas sobre un término de 8 meses en distintos períodos nos dieron como resultado 100 casos más", expresó Mirta Lapad y agregó que espera que las familias y la sociedad estén más sensibles y alertas a estos casos y los denuncien.

Tratamiento psicológico

La asesora general de incapaces destacó la necesidad de sensibilizar a todos los sectores sobre los casos de abuso sexual y advertir los daños que se generan en la psiquis de las víctimas, que implican un largo de proceso de apoyo y contención profesional.

En cuanto al tratamiento posterior a las víctimas, Lapad indicó que el proceso de denuncia de abuso sexual es duro y, teniendo en cuenta que un 80 por ciento del total se genera en el seno familiar, para la reestructuración familiar es fundamental el tratamiento profesional.

La asesora general de Incapaces presentó un proyecto de apoyo integral a las víctimas que requiere de un presupuesto para ponerse en marcha.

Acompañamiento

El objetivo de la jornada provincial que se realizó en la semana que terminó fue el de organizar un protocolo de acción para la atención de las víctimas.

Los profesionales destacaron en las mesas de trabajo la necesidad de conocer las mecanismos de acción de las áreas involucradas en el tratamiento de los casos, desde la denuncia hasta la asistencia posterior que requiere de años de asistencia, en el caso de los abusos sexuales.

En las mesas de trabajo, en las que representantes de las organizaciones del Estado de las área de salud, educación, Justicia y primera infancia de la provincia, avanzaron sobre las acciones y mecanismos que deben ponerse en acción desde la detección de la víctima hasta su asistencia posterior.

Entre las situaciones problemáticas que advierten los que están involucrados en el tema en los organismos oficiales, al momento de advertirse un caso de abusos sexual, en primer lugar se encuentra el desconocimiento de los procedimientos y actuaciones, en particular de los funcionarios públicos.

A esta traba administrativa se suma la dificultad para el reconocimiento de los indicadores, la falta de espacios que habiliten la palabra de las niñas víctimas, la carencia de ámbitos de contención y comunicación eficaces y, por último, la falta de presupuesto para mantener en el tiempo los planes de asistencia y procesos de apertura.

Durante la jornada trabajo los partícipes activos de la asistencia la víctima de violencia sexual lograron identificar cuáles son las dependencias a las que deben responder las personas que quieren denunciar un caso de violencia sexual.

Las dependencias del Juzgado de Violencia de Género y Familia y Asesorías de Menores deben intervenir, evaluar los riesgos que sufre la víctima y notificar la situación.

Actuaciones

La Unidad Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual (UDIS) es el sector encargado de realizar las actuaciones correspondientes y ofrecer la protección a la víctima.

Desde los sectores de salud afirmaron que, por turnos, se realizan las asistencias correspondientes y se aplica la interrupción legal del embarazo (ILE) en casos de embarazos producto de una violación o riesgo de vida para la madre.

En los servicios de la Policía de la Provincia, en tanto, están obligados a asignar la consigna policial a la víctima y asegurar su protección.

A este trabajo articulado entre las áreas se suma el tratamiento posterior a la víctima y su círculo íntimo o familiar. En estos casos se deben impulsar las tareas de abordaje psicosocial de fortalecimiento, seguimiento a las víctimas y búsqueda de otros referentes familiares, además de las medidas de excepción.

Todas estas acciones son responsabilidad de la Secretaría de Niñez y Familia. Desde el área de salud se deben aplicar los tratamientos específicos de psicoterapia, mientras que desde la Justicia se debe tomar la denuncia penal del caso y garantizar la designación de un asesor.

El protocolo escolar

En un trabajo conjunto entre el Observatorio de Violencia contra las Mujeres y el Ministerio de Educación de la Provincia se aprobó un protocolo de acción para que apliquen las escuelas ante los casos de abuso sexual infantil.

"En este protocolo de aplicación en las escuelas están también detallados los indicadores jurídicos y el marco de acción que se deben tomar frente a algunas sintomatologías o indicadores sociales que pueden advertir sobre un caso de abuso cuando el niño o niña no lo dice", expresó Laura Postiglione, titular del Observatorio.

En diálogo con El Tribuno, Postiglione explicó que cuando la detección se da dentro del ámbito de la escuela, se tiene que actuar de una manera diferente si el abuso es intrafamiliar o externo.

En ambos casos se da intervención a la Asesoría de Menores e Incapaces. Si es intrafamiliar, se busca convocar a un persona del entorno o alguien de referencia, que los educadores tengan como adulto responsable. También se hace la denuncia. Cuando el caso no es intrafamiliar, en cambio, se cita a los padres.

Desde el Observatorio de Violencia Contra las Mujeres detallaron que, dependiendo de la circunstancia, el niño puede llegar a ser separado del hogar o se separa al acusado de abuso.

Se tiene en cuenta la situación de la madre, el grado de abuso y la relación que se tiene con el abusador. Cuando se percibe que existe riesgo para el niño en esa familia, se puede llegar a una separación. En un caso extremo, el niño puede terminar institucionalizado hasta que se supere la situación de riesgo.

Las normativas y lineamientos internacionales advierten que retirar de su entorno al niño víctima de abuso es la última opción. Primero se deben agotar las acciones dentro de la familia y separar al agresor.

Cómo actúa el abusador

El abusador, según especialistas, tiene un contacto continuo con la víctima hasta llegar al contacto físico.

La primer fase es la selección de la víctima y el proceso de seducción. El abusador busca niños desprotegidos de cuidado o vulnerables.

Luego comienza a ofrecerle al niño una falsa protección. Más adelante, y lentamente, avanza en situaciones sexuales con el niño.

El procedimiento del abusador se sigue desplegando hasta llegar a la fase del silencio, en la cual aterroriza a las víctimas para que no hablen.

Un niño abusado no relata lo que le pasa solo con palabras sino también con manifestaciones físicas, emocionales y sexuales, ya que niño o adolescente ha sido alterado en su conducta y alejado de la infancia.

Una forma de ejercicio del poder

Las profesionales convocadas a esta primera jornada provincial y aquellas que llevan años en la tarea de prevención, destacaron que la aplicación de la educación sexual integral fue fundamental para poder detectar los casos de abuso sexual de menores. 
Durante estos encuentros en las aulas, se logra transmitir algunos conceptos como que la conducta de abuso hacia los niños tiene que ver con una forma de ejercicio del poder. “Y que el abuso tiene que ver con el poder usar al otro para el propio placer. Quienes lo hacen consideran que están habilitados a hacerlo. En los últimos tiempos crecieron las denuncias pero antes pasaba y nadie decía nada. Estaba permitido por la sociedad”, expresó Laura Postiglione. 

El Tribuno