Lázaro Báez impulsó una acusación contra su hijo Leandro por la venta de lana por 600 mil dólares

La detención de Lázaro Báez en abril de 2016 en la causa La Ruta del Dinero K marcó el inicio de un dominó de procesos judiciales y prisiones preventivas -en causas por corrupción- de una etapa que llega a su fin. Casi cuatro años después, Lázaro declaró por primera vez en uno de los juicios.
lunes, 25 de noviembre de 2019 · 09:11

Uno de los que más complicó la situación de Báez fue Leonardo Fariña, el financista que pasó de trabajar para él a denunciarlo reiteradamente. Fariña fue de cómplice a arrepentido y de ser imputado protegido a excarcelado en la espera del beneficio definitivo por su confesión. Lázaro siguió el camino contrario: se mantuvo en silencio y supo esperar el cambio político.

Ahora acusó presiones para inculpar a Cristina Fernández por parte de funcionarios del actual gobierno, de la AFI (Agencia Federal de Inteligencia) y hasta acusó al fiscal Guillermo Marijuan. Para eso, emitió audios en donde el fiscal supuestamente habla con interlocutores. Marijuan lo desmintió y se enojó con la actitud de Báez, que sorprendió en la audiencia del juicio oral este miércoles pasado ante el Tribunal Oral Federal 4.

La lectura intermitente de Báez durante la audiencia pareció sorprenderlo a él mismo que más de una vez hizo gestos sobre lo que leía. Se trató más de una defensa y declaración política que jurídica. “Lazaro Báez tendrá que demostrar las acusaciones que hizo (..) incluso dijo que presentaría eso en el expediente y todavía no presentó nada”, le dijo a A24.com uno de investigadores de la causa presentes en el juicio.

El derrotero de Lázaro durante sus años en prisión incluyó un par de declaraciones periodísticas al periodista Luis Gasulla y algunas escuchas telefónicas desde la cárcel hablando con Roberto Baratta, uno de los principales acusados en la megacausa Cuadernos, Claudio “El Mono” Minnicelli, cuñado de De Vido condenado por la causa Mafia de la Aduana y los Contenedores y otras llamadas más privadas e íntimas.

En algunas de estas escuchas, que forman parte de la causa conocida como Operativo Puf (por los dichos de Eduardo Valdes “Puf Puf” en referencia al fiscal Stornelli y Bonadio en el marco de la denuncia en el juzgado de Dolores), Lázaro Báez criticó a funcionarios del anterior gobierno. Y en diciembre de 2017 lo hizo contra Cristina Fernández al considerar que “tiene que cambiar si quiere ser la conductora del país” (..) “a Cristina Kirchner la veo muy preocupada”, dijo Báez.

Báez también deberá declarar esta semana en la causa de la Obra Pública y Vialidad en donde Cristina Fernández de ser la presunta jefa de una asociación ilícita acusada en 51 hechos en la construcción de rutas en Santa Cruz que en su mayoría fueron otorgadas a las empresas de Báez.

Según la causa se trata de “contratos amañados (..) incumplimiento sistemático, reiterado y permanente (..) De las 51 obras solo dos se terminaron en el plazo previsto y de las restantes 49, 25 no fueron finalizadas”. Son trece imputados y CFK será la última en declarar, tal vez en la audiencia del 2 de diciembre, según lo dispuesto por su abogado Carlos Beraldi que le aseguró al TOF 2 la voluntad de declarar de la ex presidenta y vicepresidenta electa. Allí debería o no referirse a los contratos asignados a las empresas de Báez.

“Lázaro quiere congraciarse y habló para ser parte del lawfare (guerra jurídica) que busca instalar la persecución judicial y mediática que cae sobre opositores políticos que se quiere impulsar desde el próximo gobierno” señaló un funcionario judicial con experiencia en Comodoro Py. Lázaro en su laberinto intenta congraciarse con el nuevo gobierno mientras enfrenta las decisiones de los jueces que deberán determinar su culpabilidad e inocencia (se espera una prolongación para su prisión preventiva) mientras Lázaro solicitará, una vez más, su excarcelación.

El pedido se hará bajo la premisa del dictamen de la Comisión Bicameral del Congreso que monitorea la aplicación del nuevo Código Procesal Penal y establece un nuevo marco para la aplicación de las prisiones preventivas por el peligro de fuga y el riesgo de entorpecimiento de la investigación.

Según pudo saber A24.com el juicio por la Ruta del Dinero K tiene aún dos audiencias de indagatorias en los próximos dos miércoles: el que viene debería declarar el contador Daniel Pérez Gadin y el siguiente el financista Federico Elaskar. Luego quedan un par de semanas para los alegatos y las audiencias se esperan para el año próximo.

Se cree que el veredicto estará para abril del 2020 y el futuro de Lázaro Báez no parece promisorio. Las pruebas en su contra se acumularon a través de la etapa de instrucción por el juez Sebastián Casanello, el fiscal Guillermo Marijuan y “son contundentes para demostrar el lavado de dinero”.

Incluso los empleados de uno de los bancos suizos convocados por la propia defensa de Báez, a cargo de la abogada Elizabeth Gasaro, le declararon en contra. Ambos representantes del banco J. Safra, Alex Mauro, confirmó en el juicio que la familia Báez abrió varias cuentas en esa entidad para resguardar parte de su fortuna en el exterior. Su declaración, a través de una videoconferencia desde Ginebra, complicó la situación de Lázaro Báez, el abogado Jorge Chueco, Daniel Pérez Gadín y especialmente de Fabián Rossi ya que se reconocieron las acciones de Báez y, sobretodo, de su hijo Martín.

En el entorno de Báez empiezan a surgir las dudas sobre el patrocinio del empresario de Santa Cruz que cambió de manos y de estrategia durante sus años de prisión. “Nunca vi a tantos abogados visitar a un detenido” le dijo uno de los funcionarios del IRIC (Intervención para la reducción de los índices de corrupción) del Servicio Penitenciario Federal. “Las rutina de Lázaro excluían cualquier actividad, menos las constantes y variadas reuniones con abogados”.

Muchos creen que estas visitas tenían el objetivo de atraer la atención y seducir al hombre que le detectaron al menos 60 millones de dólares en envíos al exterior, sin contar la fortuna en propiedades, grandes inmuebles y estancias en el sur del país. De hecho, algunos de sus bienes son administrados desde algún sector de su defensa a través de poderes otorgados por Lázaro. “Báez tiene departamentos en Pinamar que son administradas por su abogada”, le confió una fuente segura a A24.com. No faltan quienes señalan que “el mejor Lázaro es el que está preso” ya que en el sur también tiene administradores que manejan sus bienes mientras la justicia no tenga un veredicto final.

El otro frente complicado para Lázaro está en su propia familia. Separado de su esposa y alejado de sus hijos Leandro y Melina, buscó impulsar la investigación para acusar a Leandro de haberse quedado con más de 10 mil toneladas de lana de la empresa Austral Agro. Según pudo saber en exclusiva A24.com, Lázaro se presentó junto a Martín Báez “como dueños de Austral Agro con un escrito en el juzgado 5 en Comodoro Py a cargo de María Eugenia Capuchetti señalando que “como poseedores del 100 por ciento de las acciones de la empresa quieren impulsar la denuncia que existe en el juzgado en contra de Leandro Báez quien “acusado por el fiscal Córdoba de la venta de una zafra de lana por 600 mil dólares”.

En el ex juzgado de Oyarbide, las nuevas autoridades le denegaron esta posibilidad y no le hicieron lugar a Lázaro y a Martín para impulsar la causa por no tratarse de un querellante. A su vez Leandro Báez solicitó medidas de prueba en el mismo juzgado a través de su defensa patrocinada por los abogados Roberto Herrera y Alejandro Baldini que “muestran que la lana no fue vendida y está guardada en otro lugar”.

Leandro Báez ya declaró en la Ruta del Dinero K y dijo que nunca participó de los negocios de su padre “y nunca tuvo intervención en la administración de las cuentas de Suiza”. En el TOF 4, creen que hay distintas responsabilidades en los negocios de su padre por parte de Luciana, Martín, Leandro y Melina.

El veredicto del tribunal en el primero de la serie de causas por corrupción -que tendrán sus juicios orales durante el próximo año bajo el gobierno de los Fernandez-, promete condenas en la causa en donde la flamante vicepresidente electa no está acusada. Según las fuentes consultadas por A24.com “las responsabilidad de Lázaro no son las mismas que para sus hijos”.

Mientras tanto, Leonardo Fariña ya no está bajo la protección del Programa de Testigos e Imputados Colaboradores. “No quise quedar en el medio de la discusión del decreto de necesidad y urgencia DNU del gobierno (..) y no estoy en el programa y quise evitar que se hablen pavadas sobre mi (..) en este país cuando decís la verdad tenés problemas pero estoy tranquilo con mi conciencia por lo hecho” le dijo Fariña a quien suscribe el jueves temprano cuando confirmó que había iniciado el trámite ante el tribunal para salir del programa “te llamo porque fuiste el primero en saberlo (..) y quiero aclarar que me voy para que no ser parte de falsos rumores y operaciones que me quieren asignar (..) en el fondo me parece correcto que el programa esté en el ámbito judicial”, agregó en medio de la operación de su padre que fue intervenido con éxito del corazón.

Hoy Fariña, como en el caso de Víctor Alejandro Manzanares, ex contador de los Kirchner, son más libres luego de contar la verdad. En ambos casos, con las enormes diferencias que corresponde, ya no forman parte del Programa de Testigos e Imputados protegidos cuyo futuro es incierto.

Ambos señalan sentir la autoridad de “hablar con la verdad y de estar del lado correcto”. Dicen ser conscientes de que no se les “borra la culpa o responsabilidad por los delitos cometidos” pero, más allá de la condena que pueda caberles, no se arrepienten de un proceso de mayor libertad.

En el caso de Fariña, el temor por una posible venganza de quienes fueron acusados por sus declaraciones “no preocupan ni paralizan”. Incluso en los próximos días volverá a Comodoro Py para seguir aportando información como arrepentido en las causas judiciales.