Deberán pagar $ 20 mil por amenazas de bomba

Tres jóvenes que son investigados como autores del delito de intimidación pública deberán realizar un resarcimiento económico de 20 mil pesos cada uno a la cooperadora de la escuela San Roque de la ciudad de Santa Fe. Se trata de un joven de 18 años, otro de 19 y una joven de 18 que finalizaron quinto año en 2018 en la institución educativa, pero que antes de culminar sus estudios realizaron amenazas de bomba en perjuicio de la escuela a la que asistían.

El resarcimiento económico fue resuelto por el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Rodolfo Mingarini, a raíz del pedido efectuado por la fiscal Milagros Parodi en el marco de una suspensión de juicio a prueba (conocida como probation, por su nombre en inglés)

También se estableció que los imputados deberán realizar 60 horas de trabajos comunitarios distribuidas en seis meses. Las tareas deberán cumplirlas de acuerdo a lo que se les asigne en el Nodo I de Salud de la provincia, que será el encargado de realizar la distribución correspondiente.

Llamados al 911

La fiscal Parodi precisó que "investigamos cinco amenazas de bomba realizadas a la escuela San Roque entre el 25 de octubre y el 2 de noviembre del año pasado". La funcionaria del MPA agregó que "a los dos estudiantes varones —cuyas iniciales son AP y JG— se les atribuyeron tres de los cinco hechos ilícitos por los cuales se les imputó el delito de intimidación pública en calidad de partícipes principales".

"En relación a la estudiante mujer que investigamos —cuyas iniciales son V. B. B.—, fue imputada por los cinco hechos. Por dos de ellos se le endilgó la autoría del delito de intimidación pública, mientras que por los otros tres hechos —en los que también intervinieron los otros dos jóvenes— fue imputada como partícipe principal de intimidación pública", informó la fiscal.

Las tres amenazas de bomba en la que intervinieron los tres estudiantes fueron realizadas el jueves 25 y el lunes 29 de octubre y el jueves 1 de noviembre del año pasado. Los imputados y un menor de edad llamaron desde un teléfono celular a la Central de Emergencias 911 y dijeron que en el interior de la escuela había una bomba.

Parodi destacó que "los actos llevados a cabo por los jóvenes investigados provocaron el despliegue de las fuerzas especiales que actúan en estos casos, el desalojo del inmueble escolar y la alteración del normal desarrollo de las actividades escolares. Además, alarmaron a la comunidad e infundieron temor, en especial, en los vecinos y en los transeúntes que pasaban por el lugar".

En relación a las otros dos hechos en los que fue imputada la joven estudiante como autora, Parodi contó que "ocurrieron el viernes 30 de octubre y el viernes 2 de noviembre" y agregó que "la modalidad fue la misma que en los otros casos".